El senador Gonzalo Baute respaldó la decisión del ministro Rodrigo Lara de poner la consulta previa en el centro de una agenda de transformación y planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo que permita garantizar este derecho, pero que también contribuya a destrabar los procesos que actualmente permanecen represados.
A través de sus redes sociales, Baute destacó la importancia de abordar de manera simultánea la protección de los derechos de las comunidades y la eficiencia de los procedimientos que adelanta el Estado.
“Respetar este derecho y, al mismo tiempo, acabar con el represamiento, la falta de trazabilidad y los trámites sin cierre es un reto que requiere gestión y resultados”, señaló el congresista.
El pronunciamiento se produjo en respaldo a la iniciativa promovida por el ministro Rodrigo Lara alrededor de la consulta previa, un mecanismo de participación que busca garantizar el diálogo y la concertación con comunidades frente a decisiones o proyectos que puedan afectarlas directamente.
Baute aseguró que desde la Comisión Quinta del Senado existe disposición para respaldar la construcción de “reglas claras” que permitan mejorar el funcionamiento de estos procesos.
La propuesta, según explicó, no busca limitar los espacios de diálogo con las comunidades, sino establecer mecanismos que permitan hacer seguimiento a los procedimientos, evitar represamientos y garantizar que los trámites tengan una ruta definida hasta su conclusión.
“Desde la Comisión Quinta apoyamos las #ReglasClaras para que el Estado garantice el derecho a la consulta previa, sin limitar los tiempos de diálogo y concertación de las comunidades”, manifestó.
El debate pone sobre la mesa la necesidad de encontrar un equilibrio entre dos objetivos: garantizar plenamente el derecho de las comunidades a participar y ser escuchadas, y fortalecer la capacidad institucional para evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente sin una decisión o cierre.
La discusión sobre una eventual transformación del sistema de consulta previa deberá definir cómo se pueden mejorar la trazabilidad y los tiempos administrativos sin afectar las garantías de participación y concertación de las comunidades.
