La Fiscalía General de la Nación pidió que Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, cumpla en un establecimiento carcelario la medida de aseguramiento que actualmente mantiene en detención domiciliaria, dentro del proceso por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La solicitud fue sustentada este lunes 5 de octubre durante la audiencia de apelación contra la decisión adoptada el pasado 2 de octubre por el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, que había impuesto a Quintero la detención domiciliaria.
La fiscal María Teresa Gómez Salinas sostuvo que el riesgo atribuido al procesado no estaría relacionado únicamente con su posibilidad de desplazarse, sino con las comunicaciones que podría mantener y la eventual utilización de terceras personas.
“El problema no es dónde está Miguel Quintero, sino con quién puede comunicarse y a través de quién puede actuar”, afirmó la fiscal durante la audiencia.
Según la Fiscalía, el juez ya había considerado que Quintero representaría un peligro para la comunidad. Sin embargo, el ente acusador considera que la detención domiciliaria no sería suficiente para controlar las comunicaciones del imputado ni evitar, según su hipótesis, que pueda actuar mediante otras personas.
La Fiscalía sostuvo que durante las conductas que son objeto de investigación Quintero habría utilizado chats y terceros, argumento que ahora pretende hacer valer ante el juez de segunda instancia para solicitar una medida más restrictiva.
AMVA también pidió cárcel
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reconocido como víctima dentro del proceso, respaldó la apelación de la Fiscalía y solicitó que Miguel Quintero sea enviado a un establecimiento carcelario.
El apoderado de la entidad también apeló la decisión relacionada con Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los imputados en el proceso, para quien el Juzgado 27 Penal Municipal impuso medidas no privativas de la libertad.
Durante la audiencia, el representante del AMVA aseguró que se habrían presentado presiones contra los testigos Cadavid y Laura Mejía, además de una presunta campaña de desprestigio en su contra.
También señaló que la carpeta del proceso habría sido descargada antes de la audiencia, elementos que, según la representación de la entidad, debían ser considerados al momento de definir las medidas de aseguramiento.
El Ministerio Público, por su parte, aclaró que no estaba solicitando una medida de aseguramiento, aunque manifestó que, en su concepto, el juez no habría valorado algunos elementos probatorios relevantes.
Las defensas pidieron mantener las medidas
La defensa de Miguel Quintero, encabezada por el abogado Santiago Trespalacios, solicitó mantener la detención domiciliaria.
El abogado explicó que decidió no apelar la medida porque la detención domiciliaria hacía parte de las alternativas subsidiarias que había planteado durante la audiencia inicial.
La defensa cuestionó además el argumento de la Fiscalía y sostuvo que se estaría confundiendo la imposición de una detención domiciliaria con la sustitución de una medida de prisión que ya hubiese sido decretada.
Trespalacios también argumentó que, a su juicio, no existiría actualmente el supuesto poder derivado del parentesco que se habría mencionado durante el proceso.
Por su parte, la defensa de Sebastián de Dios Ortega Urán, representada por el abogado Billy Torres, pidió que fueran confirmadas las medidas impuestas por el juez de primera instancia y sostuvo que se aplicó correctamente el principio de proporcionalidad.
El caso pasa a segunda instancia
Al término de la audiencia, el juez consideró que las tres partes que presentaron recursos de apelación sustentaron sus argumentos de manera adecuada y decidió concederlos en el efecto devolutivo.
Ahora los recursos serán sometidos a reparto entre los jueces penales del circuito de Medellín, quienes deberán estudiar los argumentos de la Fiscalía, el AMVA y las defensas antes de adoptar una decisión en segunda instancia.
De esta manera, la discusión sobre si Miguel Quintero debe permanecer en detención domiciliaria o ser trasladado a un establecimiento carcelario queda ahora en manos del juez que conozca la apelación.
