Tras la revelación de informes de auditoría que confirman actividades de inteligencia desviadas contra líderes de oposición, exfiscales, periodistas y exmandatarios, personalidades del ámbito público exigen que la Fiscalía y los entes de control determinen la autoría intelectual del espionaje de Estado.
Nuevas revelaciones periodísticas expusieron el informe interno de auditoría de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el cual confirma que la entidad de inteligencia estratégica fue presuntamente utilizada como una “policía política” durante el periodo presidencial anterior para adelantar operaciones de perfilamiento, seguimiento e interceptación ilegal a opositores y críticos del Gobierno nacional.
Ante la gravedad de los hallazgos, personalidades víctimas de estas maniobras —entre ellas el exfiscal general Francisco Barbosa, el senador David Luna, el exdirector del DAPRE Víctor Muñoz y el exinvestigador del caso Nicolás Petro, Víctor Forero— exigieron formalmente a los organismos de justicia una investigación penal expedita para establecer “quién dio la orden” y judicializar a los máximos responsables de la cúpula de inteligencia y de la Casa de Nariño.
Alcance de los seguimientos, directores involucrados y perfil de los objetivos
Directivos bajo investigación: Las actividades de interceptación y recolección ilegítima de datos se habrían perpetrado bajo las administraciones de Carlos Ramón González, Jorge Lemus y Wilmar Mejía al frente de la DNI, periodo en el cual se montaron estructuras de persecución ideológica.
Dirigentes políticos y exmandatarios perfilados: El informe de auditoría detalla que entre los objetivos prioritarios de la inteligencia estatal se encontraban los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez, así como los dirigentes de oposición Miguel Uribe Turbay y la bancada crítica en el Congreso.
Persecución al Poder Judicial y entes de control: Las maniobras de inteligencia alcanzaron al exfiscal general Francisco Barbosa, a la exvicefiscal Martha Mancera, a investigadores del caso judicial contra el entorno familiar de la administración anterior, al exdirector del DAS Ramiro Bejarano y a la abogada Jenny Rozo.
Exigencia de imputación penal: Las víctimas apelaron a la Fiscalía General de la Nación para que las auditorías internas de la DNI y la documentación sobre la denominada ‘Operación Orión’ sean incorporadas como acervo probatorio matriz en los procesos por violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad.
El escándalo de la DNI consolida la apertura de expedientes de fiscalización en la Secretaría de Transparencia y los organismos judiciales para desmantelar las redes remanentes de espionaje dentro del aparato de seguridad del Estado
