La multa de $3.231 millones a contratista fue impuesta por incumplimientos parciales y sucesivos
La Secretaría Jurídica de la Gobernación del Atlántico mediante resolución 021 del 21 de septiembre del 2026 confirmó y declaró el incumplimiento contractual imputable y pago de una multa por un valor de $3.231 millones aproximadamente a BUILDER COMPANY S.A.S. contratista que ejecuta el contrato de obra No. 202301804, cuyo objeto consiste en la construcción de dos nuevos tanques de almacenamiento de agua potable y una estación de bombeo en el barrio El Concorde, en Malambo.
De igual forma, la decisión jurídica ratifica la declaratoria de ocurrencia del siniestro y la orden de hacer efectiva la garantía única de cumplimiento No. 77447, expedida por BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., hasta por la suma $2.940 millones. En consecuencia, esta determinación obliga al contratista a reiniciar la construcción del tanque elevado de 1.000 m3 en la PTAP Concorde, el tanque semienterrado de 2.000 m3 y la EBAP en lote contiguo al tanque elevado Concorde.
Es de anotar, que mediante Resolución No. 017 del 18 de junio de 2026, el Despacho había declarado el incumplimiento contractual imputable a BUILDER COMPANY S.A.S., impuso multa por valor de $3.768.280.530,04, declaró la ocurrencia del siniestro y ordenó hacer efectiva la garantía, dentro de los límites, vigencias, amparos y condiciones aplicables.
En la misma audiencia, el contratista y la aseguradora interpusieron recurso de reposición. La sustentación fue recibida en la continuación de la audiencia del 16 de julio de 2026.
Según los argumentos de la Secretaría Jurídica, la multa no fue utilizada para cobrar perjuicios ni para sustituir la cláusula penal pecuniaria. La Resolución No. 017 distinguió claramente ambas figuras. La multa fue impuesta por incumplimientos parciales y sucesivos, con fundamento en las cláusulas contractuales que facultaba a la Entidad para apremiar y sancionar la inobservancia de obligaciones específicas.
“El contrato debía reanudarse el 12 de enero de 2026; desde esa fecha recobraron exigibilidad las obligaciones suspendidas; el contratista no dispuso los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para continuar la obra; desatendió los requerimientos de la interventoría, la supervisión y la Entidad; y esa situación se prolongó hasta el 19 de mayo de 2026, fecha en la cual culminó el plazo sin que se hubiese superado los incumplimientos”, justificó la Secretaría Jurídica en la resolución Resolución No. 017 de 2026.
Tras conocer la decisión de la Gobernación del Atlántico, la alcaldesa Yenis Orozco expresó que se hace justicia ante su insistencia y perseverancia que fueron motivadas por exigencia de los habitantes del barrio el Concorde quienes diariamente piden continuidad del servicio de agua.
La inversión de la obra supera los $16.700 millones aproximadamente.
