Las organizaciones Los Costeños y Los Pepes vuelven a estar en el centro de la atención de las autoridades en el Atlántico, esta vez por las manifestaciones de sus principales cabecillas, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno José Palomino Rodríguez, quienes han expresado su intención de someterse a la justicia.
El escenario resulta particularmente complejo porque ambos permanecen privados de la libertad y, al mismo tiempo, las autoridades continúan investigando actividades criminales atribuidas a estructuras relacionadas con sus organizaciones en Barranquilla y municipios del área metropolitana.
En el caso de Palomino, una carta fechada el primero de septiembre de 2026 y suscrita también por Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias Gomelo, fue dirigida al presidente Abelardo De La Espriella. En el documento, ambos se presentan como facilitadores e interlocutores de Los Pepes y manifiestan su voluntad de acogerse a la justicia colombiana dentro del marco constitucional y legal.
La propuesta incluye, según lo divulgado, la intención de contribuir al esclarecimiento de hechos violentos, reparar a las víctimas y avanzar hacia el abandono de las actividades criminales.
Sin embargo, la eventual efectividad de una negociación o sometimiento plantea varios interrogantes. Uno de ellos es determinar si quienes hoy están privados de la libertad conservan realmente capacidad de mando sobre las estructuras que operan en las calles.
Una oferta de sometimiento bajo la lupa
El profesor Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte y conocedor de las dinámicas de seguridad y conflicto en la región, señaló que tanto Palomino como Castor ya habían manifestado su disposición a someterse a la justicia desde que se conocieron los resultados electorales.
Según su análisis, el Gobierno tendría que revisar cuidadosamente las condiciones y solicitudes planteadas, especialmente porque ambos hombres se encuentran privados de la libertad y, en el caso de Castor, existe una condena judicial.
Trejos también planteó la necesidad de establecer si ambos continúan ejerciendo un mando efectivo sobre las organizaciones que llevan sus nombres o si las estructuras han evolucionado hacia nuevos liderazgos.
Ese punto adquiere especial relevancia frente a la aparición de nuevas facciones y disputas internas dentro de Los Costeños.
Las extorsiones continúan
Mientras las cartas plantean un eventual camino hacia el sometimiento, fuentes judiciales consultadas en el Atlántico sostienen que las actividades criminales relacionadas con estas organizaciones no han desaparecido.
De acuerdo con esas fuentes, continúan registrándose casos de extorsión contra comerciantes y establecimientos comerciales en diferentes sectores del área metropolitana de Barranquilla.
No obstante, las autoridades aún tendrían pendiente establecer con precisión si los integrantes de las estructuras que permanecen en libertad reciben instrucciones directamente de Castor o Palomino.
La situación representa uno de los principales desafíos para las autoridades: determinar quiénes tienen actualmente el control operativo de las organizaciones y desde dónde se estarían impartiendo las órdenes.
Una estructura que se fragmentó
Dentro de las investigaciones de inteligencia también aparece la denominada Nueva Generación del Freseo, estructura que, según información citada en el reporte, habría surgido como una disidencia de Los Costeños.
La separación estaría relacionada con integrantes que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz urbana adelantado durante el gobierno anterior.
Esta fragmentación genera otra pregunta alrededor de la capacidad de Castor para ejercer control sobre todos los integrantes de Los Costeños, especialmente si algunas de las estructuras que surgieron de la organización original operan de manera independiente.
El debate no se limita, por tanto, a la situación jurídica de dos cabecillas, sino a la manera como han evolucionado las organizaciones criminales en el Atlántico después del fracaso de los acercamientos con el Estado.
El desafío de controlar el delito desde las cárceles
Otro de los aspectos que genera preocupación es la posibilidad de que estructuras criminales continúen coordinando actividades ilícitas pese a que algunos de sus principales integrantes permanecen recluidos.
En ese sentido, Trejos señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos de control penitenciario y atacar las herramientas que permiten mantener operaciones criminales a distancia.
Entre los asuntos mencionados está el uso de tarjetas SIM y billeteras electrónicas, mecanismos que pueden ser utilizados para recibir y mover recursos derivados de actividades como la extorsión.
El objetivo, según el experto, debe ser evitar que las cárceles continúen funcionando como espacios desde los cuales se puedan impartir instrucciones hacia las estructuras que operan en el exterior.
Castor también ha planteado una salida jurídica
El equipo jurídico de Jorge Eliécer Díaz Collazos explicó que la comunicación enviada al Gobierno tenía como propósito solicitar el ingreso a un mecanismo previsto en la Ley de Justicia y Paz.
Según su abogado, la intención era que Castor pudiera contribuir a la desmovilización de Los Costeños y entregar información a cambio de ser procesado bajo ese marco jurídico.
El representante legal sostuvo además que Díaz Collazos se encuentra condenado y cumpliendo las penas correspondientes por hechos que reconoció ante la justicia.
Aunque su defensa asegura que el cabecilla ha frenado su actividad criminal, las autoridades mantienen indicios que lo relacionarían con hechos violentos que continúan bajo investigación.
Un escenario todavía abierto
Las cartas de Castor y Digno Palomino colocan nuevamente sobre la mesa el debate sobre el sometimiento de las estructuras criminales que operan en Barranquilla y el Atlántico.
Por un lado, existe una manifestación pública de voluntad para acogerse a la justicia, entregar información y contribuir con el esclarecimiento de hechos violentos. Por otro, las autoridades continúan reportando actividades delictivas atribuidas a estructuras vinculadas con Los Costeños y Los Pepes.
El punto central será determinar si las ofertas representan un verdadero intento de desmovilización y colaboración con la justicia y, sobre todo, si quienes las formulan conservan capacidad real de influir sobre las estructuras que permanecen activas en las calles.
La respuesta dependerá de las verificaciones que realicen las autoridades, del marco jurídico que eventualmente se aplique y de la capacidad del Estado para recuperar el control sobre las organizaciones criminales que operan en el Atlántico.
La carta de Palomino y Montenegro fue reportada públicamente como una nueva manifestación de voluntad de sometimiento, mientras que medios regionales también registraron que el documento planteaba compromisos relacionados con verdad, reparación, abandono de la violencia y resocialización.
