El Gobierno de Abelardo De La Espriella declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en Colombia, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negara una solicitud de aclaración presentada por la Cancillería.
La decisión se produce en medio de la controversia judicial relacionada con el nuevo modelo de expedición de pasaportes y la suspensión provisional de dos convenios vinculados al esquema contractual entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
El Tribunal había negado la solicitud presentada por la Cancillería para precisar si podía utilizar las libretas de pasaporte que permanecen disponibles en la Imprenta Nacional y completar su personalización con la información de los ciudadanos que actualmente tienen solicitudes o trámites pendientes.
Ante este escenario, el Ejecutivo determinó declarar la urgencia manifiesta, una figura que permite adoptar medidas contractuales excepcionales cuando existen circunstancias que pueden comprometer la continuidad de un servicio público.
Gobierno prepara una nueva licitación
De manera paralela, la Cancillería comenzó a estructurar un proceso de licitación pública para atender la demanda de pasaportes y establecer un nuevo esquema contractual bajo un cronograma previamente definido.
La medida busca evitar que las dificultades jurídicas y contractuales que enfrenta actualmente el modelo de expedición terminen afectando a los ciudadanos que necesitan obtener o renovar su documento de viaje.
La situación se origina en la suspensión provisional de los convenios que hacen parte del contrato relacionado con el nuevo modelo de pasaportes, mientras continúa el trámite judicial correspondiente.
Con la declaratoria de urgencia manifiesta, el Gobierno busca contar con herramientas para garantizar que el servicio no se detenga mientras se define el futuro de los contratos cuestionados y avanza el nuevo proceso de contratación.
Por ahora, la Cancillería deberá avanzar simultáneamente en las medidas urgentes para mantener la expedición de documentos y en la estructuración de la licitación pública que permita establecer un mecanismo de operación para los próximos meses.
