Las denuncias del presidente Abelardo De La Espriella sobre el supuesto “saqueo” que habría sufrido el Estado durante la administración anterior continúan generando reacciones en distintos sectores políticos y económicos.
Luego de que el mandatario reiterara en su alocución del fin de semana que el país “fue saqueado” durante el gobierno anterior, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo llamó la atención sobre la necesidad de que esas afirmaciones sean llevadas a las instancias correspondientes y se conviertan en denuncias formales.
Restrepo también advirtió sobre la importancia de la semana que comienza, debido a que el Congreso debe avanzar este lunes en una decisión relacionada con el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027.
La propuesta contempla un presupuesto cercano a $635 billones, una cifra superior a los $575 billones planteados inicialmente por el gobierno saliente.
Sin embargo, el exministro aclaró que el debate no debería interpretarse simplemente como una intención de aumentar el gasto público. Según su lectura, el propio presidente De La Espriella habría planteado durante su intervención una hoja de ruta orientada a corregir el rumbo de las finanzas públicas mediante una reducción del gasto.
La explicación detrás del aumento del presupuesto
Uno de los puntos que Restrepo puso sobre la mesa es que el mayor monto contemplado para 2027 estaría relacionado, en buena medida, con la aparición de obligaciones y gastos que, según sus declaraciones, no habrían sido reflejados de manera adecuada durante la administración anterior.
El exministro retomó así una de las afirmaciones realizadas por De La Espriella, quien aseguró que su gobierno encontró compromisos fiscales que habrían permanecido ocultos.
Restrepo calificó esta situación como la necesidad de “sacar a la superficie infinidad de gastos que la administración Petro había escondido irresponsablemente debajo del tapete”.
No obstante, estas afirmaciones corresponden a señalamientos políticos que deberán ser sustentados y verificados por las autoridades competentes antes de establecer responsabilidades.
Restrepo habla de posibles delitos contra el erario
El exministro elevó el tono de sus declaraciones al considerar que las denuncias formuladas por el actual mandatario podrían tener implicaciones judiciales.
Según Restrepo, los señalamientos sobre un supuesto desmanejo fiscal durante las últimas semanas de la administración de Gustavo Petro, así como sobre una elevada contratación en ese periodo, serían indicios que deberían ser investigados.
“Las graves denuncias que hizo anoche el presidente, sobre el desmanejo fiscal de la administración Petro en sus últimas semanas, y sobre todo la orgía contractual de sus últimas semanas ($10 billones en los últimos días de la administración Petro), constituyen graves indicios de múltiples delitos cometidos por los funcionarios del Gobierno anterior contra la administración pública y contra las leyes presupuestales”, afirmó.
El pronunciamiento pone nuevamente en el centro del debate la ejecución presupuestal y la contratación realizada al cierre del anterior gobierno, en momentos en que el Congreso discute precisamente las cuentas y necesidades financieras para el próximo año.
El Congreso, ante una decisión clave
Mientras las denuncias generan controversia política, las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara avanzan en el trámite del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.
El monto definitivo será uno de los principales puntos de discusión, en medio de las advertencias sobre el nivel de gasto, las obligaciones acumuladas y la situación fiscal que recibió la actual administración.
Por ahora, los señalamientos realizados por De La Espriella y respaldados públicamente por Restrepo abren un nuevo interrogante: ¿las denuncias sobre el supuesto manejo irregular de recursos terminarán en investigaciones formales y procesos judiciales contra funcionarios del gobierno anterior?
La respuesta dependerá de las pruebas que sean presentadas ante los organismos de control y la justicia, mientras el Congreso define el presupuesto con el que Colombia funcionará durante 2027.
