El ministro de Justicia, Iván Cancino, salió en defensa de la aspersión aérea como una de las herramientas que podría utilizar el Estado para enfrentar el crecimiento de los cultivos ilícitos y debilitar las finanzas de las organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país.
A través de un comunicado, Cancino sostuvo que la discusión sobre esta estrategia no debería plantearse desde la idea de que la intervención estatal representa una amenaza para Colombia, sino desde la necesidad de adoptar mecanismos que permitan proteger a las comunidades y recuperar territorios afectados por las economías ilegales.
“El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema”, señaló el jefe de la cartera de Justicia.
Para Cancino, la aspersión aérea puede cumplir un papel dentro de una estrategia integral contra el narcotráfico, siempre que su aplicación esté sometida a controles y criterios técnicos que permitan reducir los posibles impactos sobre las comunidades y el medioambiente.
“La aspersión aérea, aplicada bajo parámetros técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales, debe ser vista como parte de la solución y no como el problema”, afirmó.
El ministro argumentó que afectar los cultivos utilizados para producir drogas también significa golpear las fuentes de financiación de los grupos armados y estructuras criminales que dependen de estas economías ilegales para sostener sus operaciones.
En ese sentido, defendió una política que combine las acciones de seguridad con otras estrategias destinadas a recuperar el control institucional de las zonas donde las organizaciones criminales han logrado consolidar su presencia.
La postura de Cancino reabre el debate nacional sobre el uso de la aspersión aérea en la lucha contra los cultivos ilícitos, una herramienta que durante años ha generado controversia por sus posibles efectos ambientales y sanitarios, pero que sus defensores consideran necesaria para enfrentar extensas áreas de cultivos de coca de difícil acceso.
El ministro insistió en que la discusión debe darse bajo criterios técnicos y dentro del marco constitucional, planteando la aspersión como una herramienta complementaria dentro de la estrategia estatal contra el narcotráfico y no como una política aislada.
Su pronunciamiento marca así una posición clara del Ministerio de Justicia frente a una de las herramientas más discutidas de la política antidrogas: para Cancino, el desafío no está en renunciar a las acciones contra los cultivos ilícitos, sino en garantizar que estas se ejecuten con controles adecuados y con el objetivo de proteger a las comunidades y recuperar los territorios afectados por el crimen organizado.
