La decisión vuelve a poner bajo la lupa el millonario proceso de adquisición de estos equipos, especialmente después de las dificultades registradas con el sistema destinado al Catatumbo, una de las regiones del país más golpeadas por los ataques con drones cargados con explosivos.
La directiva había sido impartida por el entonces ministro de Defensa Pedro Sánchez, antes de terminar el gobierno de Gustavo Petro. Con ella se buscaba centralizar en Codaltec la adquisición de los sistemas destinados a enfrentar la amenaza de los drones utilizados por estructuras armadas ilegales.
Sin embargo, la experiencia con uno de los contratos más importantes terminó generando cuestionamientos.
Un contrato de más de $80.000 millones quedó en problemas
Uno de los casos más controvertidos corresponde al sistema antidrones contratado para el Catatumbo, cuyo valor supera los 80.000 millones de pesos y contempla la adquisición de 19 equipos: tres sistemas fijos y 16 semifijos.
La intención era desplegar esta tecnología en una de las zonas donde los grupos armados han incrementado el uso de drones adaptados con explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública.
Sin embargo, los equipos no lograron superar satisfactoriamente las pruebas técnicas requeridas por el Ejército.
De acuerdo con información conocida sobre el proceso, los sistemas debían comenzar a operar en 2025, pero posteriormente se otorgó una prórroga al contratista. Tras las pruebas realizadas, los equipos fueron devueltos debido a que no cumplían con las condiciones técnicas exigidas.
El resultado fue que, casi un año después de iniciado el proceso, el Ejército continuaba sin contar con el sistema operativo para enfrentar esta amenaza en el Catatumbo.
Codaltec quedó en el centro de la controversia
El problema no se limitó al funcionamiento de los equipos.
La gestión de Codaltec también fue cuestionada debido a que la empresa terminó actuando como intermediaria para adquirir sistemas que no fabricaba directamente. Según la información publicada sobre el caso, la compañía recurrió a un comercializador para obtener la tecnología solicitada por el Ejército.
La situación generó además reparos de la Contraloría General de la República, que cuestionó el papel desempeñado por Codaltec en la adquisición de estos dispositivos.
En paralelo, el contrato quedó sometido a las instancias correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento y definir cuál será el futuro del negocio.
Esto significa que todavía deberán establecerse las consecuencias contractuales y jurídicas, incluyendo la eventual aplicación de garantías o sanciones, si corresponde.
Catatumbo necesita los equipos con urgencia
La reversión de la directiva ocurre en un momento en el que la amenaza de los drones representa uno de los principales desafíos para las Fuerzas Militares.
Los grupos armados han incorporado estos dispositivos a sus métodos de ataque, utilizándolos para lanzar explosivos contra posiciones y tropas en diferentes regiones del país.
El Catatumbo es particularmente vulnerable. Allí se han registrado ataques con drones que han dejado uniformados y civiles afectados, aumentando la presión sobre las Fuerzas Militares para contar con sistemas capaces de detectar, bloquear y neutralizar estos aparatos.
Por eso, la discusión no es únicamente contractual.
También existe una preocupación operacional: mientras se revisan las decisiones adoptadas durante la administración anterior, las tropas continúan enfrentando una amenaza tecnológica que los grupos armados han venido utilizando de manera creciente.
El Gobierno cambia la ruta de adquisición
Con la decisión de reversar la directiva de Pedro Sánchez, la administración de De La Espriella abre la puerta a modificar la manera en que la Fuerza Pública adquiere tecnología antidrones.
El propósito será evitar que una sola entidad quede obligada a canalizar este tipo de adquisiciones y, al mismo tiempo, garantizar que los equipos seleccionados respondan realmente a las necesidades operacionales de las tropas.
El caso del Catatumbo se convirtió así en uno de los principales antecedentes para revisar la estrategia.
La prioridad ahora será encontrar una solución que permita dotar a la Fuerza Pública de sistemas eficaces y técnicamente certificados, especialmente en las regiones donde los grupos armados están utilizando drones como armas de guerra.
Mientras tanto, el contrato cuestionado continúa bajo revisión y las autoridades deberán determinar qué ocurrió con el proceso, por qué los equipos no cumplieron las especificaciones exigidas y cuáles serán las consecuencias para los responsables del negocio.
La decisión del nuevo Gobierno marca un cambio frente a la política adoptada en los últimos meses de la administración Petro: los antidrones ya no tendrán que adquirirse obligatoriamente a través de Codaltec.
