La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura que permanecían suspendidas contra siete exmiembros representantes de la organización armada ilegal autodenominada ‘Comuneros del Sur’, luego de que el Gobierno Nacional diera por terminada la mesa de diálogo que mantenía con ese grupo.
La decisión fue adoptada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, mediante la Resolución 0-0273, conocida en primicia por Caracol Radio.
Los afectados son Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias ‘Chuki’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias ‘Taliana’; Eligio García Natascuas, alias ‘Santos’; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias ‘Lalo’; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.
Estas personas habían obtenido la suspensión de las órdenes de captura mientras participaban como representantes en el proceso de conversaciones adelantado entre el Gobierno y ‘Comuneros del Sur’. Sin embargo, ese beneficio estaba ligado a su condición dentro de la mesa de diálogo.
El escenario cambió el pasado 3 de septiembre, cuando el presidente Abelardo de la Espriella expidió la Resolución Presidencial 365, mediante la cual puso fin a la mesa de diálogo con el denominado ‘Frente Comuneros del Sur’. Ese mismo día también fueron revocadas, a través de las resoluciones 366, 367 y 368, las designaciones de los integrantes que actuaban como representantes del grupo.
A partir de esta determinación, la Fiscalía consideró que desaparecieron las condiciones que permitían mantener suspendidas las órdenes de captura.
En el documento, la fiscal general explicó que la revocatoria de la designación como miembros representantes implica la reactivación de las órdenes de captura contra quienes habían recibido ese beneficio precisamente por ostentar dicha condición.
La Fiscalía también precisó que no todas las personas cuya reactivación había sido solicitada por la Presidencia quedaron cobijadas por esta nueva decisión. Según la resolución, en algunos casos las órdenes de captura ya estaban activas y, en otros, nunca habían sido suspendidas, por lo que no era necesario adoptar una nueva medida.
Con la decisión, las autoridades de policía judicial recibieron la instrucción de implementar lo establecido en la resolución y proceder conforme al estado vigente de las órdenes de captura.
La determinación marca un nuevo capítulo en la política de seguridad del Gobierno frente a ‘Comuneros del Sur’, después de que la administración de De la Espriella decidiera cerrar definitivamente el espacio de diálogo que se había establecido con esa organización armada.
