Un paquete de grabaciones en las que se escucha a Amelia Pérez, entonces presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encendió el debate sobre los supuestos acercamientos entre emisarios del narcotráfico y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.
En los audios, revelados por la Unidad Investigativa de El Tiempo, Pérez manifiesta su molestia por las reiteradas solicitudes que le habría hecho Andrés Idárraga, en ese momento secretario de Transparencia de la Presidencia, para modificar el depositario de propiedades bajo custodia estatal vinculadas a un señalado delincuente conocido como alias Fortuna.
Las exigencias en la SAE y la figura de “seguridad nacional”
En la conversación dirigida a un interlocutor identificado como René, la exdirectora de la SAE reprochó la insistencia de Idárraga para que nombrara a una persona específica al frente de los activos incautados:
La solicitud formal: Según el relato de Pérez, Idárraga la citó a su despacho para comunicarle que se trataba de un tema de “seguridad nacional”. En la reunión, el entonces secretario le entregó la cédula de Isabel Cristina Aguirre Piñeres para que fuera designada depositaria de al menos 24 bienes relacionados con Fortuna.
El argumento de la amenaza: Idárraga justificó la urgencia del trámite señalando que la fuente ofrecía información estratégica sobre depósitos de armas y un presunto atentado contra la vida del expresidente Gustavo Petro programado para el 20 de julio en Santa Marta.
Rechazo institucional: Pérez rechazó la injerencia e indicó que la candidata propuesta registraba anotaciones en procesos civiles. “Yo decido a quién nombro y por qué”, se escucha decir a la exfuncionaria, quien advirtió con interponer denuncias si continuaban las presiones.
El entramado de los emisarios y la versión de Idárraga
Las revelaciones se dan en el marco de una serie de contactos que voceros de alias Fortuna y Juan José Valencia Zuluaga (alias F) habrían entablado con dependencias como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Secretaría de Transparencia para entregar datos sobre caletas de armamento a cambio de beneficios judiciales y administrativos.
Ante los señañamientos, Andrés Idárraga defendió la legalidad de sus actuaciones:
Conocimiento del Ejecutivo: Idárraga sostuvo que el propio Petro estaba al tanto del procedimiento y que por instrucción presidencial se coordinaron reuniones con Angie Rodríguez (entonces directora del DAPRE), la Fiscalía General de la Nación y la jefatura de protección presidencial.
Operativos derivados: El exsecretario afirmó que la información suministrada por los emisarios permitió realizar el operativo del 20 de julio en Santa Marta donde se incautaron granadas de mortero y fusiles, razón por la cual los informantes comenzaron a exigir el cumplimiento de las contraprestaciones.
Ausencia de coacción: Idárraga aseveró que la hoja de vida de Aguirre fue remitida a la SAE para su evaluación regular y que finalmente fue descartada por no cumplir los requisitos. “Todo se hizo con conocimiento de las personas más poderosas del país. No hay nada que ocultar”, puntualizó.
Claves para entender el caso SAE
¿Qué es un depositario de la SAE?: Es la persona o entidad designada administrativamente para custodiar, administrar o explotar comercialmente un bien incautado que se encuentra bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales. Esta figura no otorga titularidad ni propiedad sobre el inmueble o activo.
¿Qué ofrecían los informantes?: Los emisarios de los señalados narcotraficantes entregaban ubicación de armamento e información sobre presuntos planes terroristas a cambio de nombrar depositarios de su confianza y lograr acercamientos con la Fiscalía General de la Nación.
