Durante el desarrollo de la Cumbre de Gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), el presidente Abelardo De La Espriella emitió un tajante pronunciamiento dirigido a los mandatarios seccionales y locales del país, advirtiendo severas consecuencias legales para quienes adelanten contactos o pactos sin autorización del Gobierno Nacional con estructuras armadas ilegales.
El jefe de Estado centró parte de su intervención en la situación del suroccidente colombiano y lanzó un llamado directo al mandatario del departamento de Nariño en materia de seguridad.
Advertencia directa y desautorización de pactos
De La Espriella fue enfático en señalar que la conducción de la seguridad y el orden público reside en el Ejecutivo central, desautorizando cualquier iniciativa territorial independiente:
Prohibición de acuerdos locales: “Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas”, sentenció el mandatario ante el pleno de gobernadores.
Mensaje al gobernador de Nariño: En medio de su discurso, el presidente interpeló directamente al mandatario seccional: “Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”.
Consecuencias judiciales: El jefe de Estado aseguró que las autoridades que crucen esa línea deberán responder ante la justicia, calificando como inaceptable que se entablen diálogos mientras las Fuerzas Militares y la Policía enfrentan a los grupos ilegales en el territorio.
Medición de la seguridad por resultados tangibles
Más allá de las advertencias, el presidente explicó los criterios bajo los cuales evaluará la política integral de seguridad de su administración:
Reducción de delitos de alto impacto: Afirmó que el éxito operacional no se medirá únicamente por la cantidad de incursiones de la Fuerza Pública, sino por la disminución de flagelos como la extorsión y el control territorial criminal.
Impacto en la comunidad: “No me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa ejerciendo control criminal sobre una región”, enfatizó.
Cierre de mesas de diálogo y marco de sometimiento
Esta postura se suma a la formalización del fin de las negociaciones heredadas del mandato anterior. De La Espriella ratificó que expidió los actos administrativos para desmontar las mesas de conversación sociojurídica creadas durante el gobierno de Gustavo Petro, reiterando que el único camino para las organizaciones al margen de la ley es el sometimiento estricto a la justicia.
