Se dio a conocer un registro de audio reservado correspondiente a una entrevista confidencial que funcionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro le realizaron el 30 de septiembre de 2025 a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de la estructura criminal Los Costeños.
El material, grabado en la cárcel La Picota durante los acercamientos de la denominada “paz total”, permaneció archivado por la Casa de Nariño pese a que en él el delincuente detallaba la injerencia de su banda en la política del Atlántico, la infiltración en la Fuerza Pública y una promesa de respaldo electoral.
Compromiso electoral con la reelección del proyecto político
En la grabación de más de dos horas, el capo penitenciario —que comanda redes de extorsión y sicariato en Soledad, Malambo, Galapa y Barranquilla— planteó la continuidad del Pacto Histórico como condición para mantener los beneficios judiciales de la negociación:
Apoyo a la candidatura presidencial: Alias Castor se comprometió a movilizar su estructura en los municipios bajo su dominio para respaldar al candidato que designara el entonces presidente Petro: “¿Mi mayor aporte qué es? (…) Comprometerme a que este Gobierno continúe en cabeza de quien el señor presidente diga y me comprometo, en lo personal, a que en municipios como Galapa, Soledad, Malambo, vamos a trabajar duro (…)”.
Interés en el Congreso: El cabecilla reveló el financiamiento y apoyo a candidaturas específicas a la Cámara y al Senado en el departamento del Atlántico para consolidar gobernabilidad: “Si no tenemos Senado, no va a pasar nada”.
Injerencia en elecciones locales: Declaró haber intervenido directamente en la campaña a la Alcaldía de Soledad en 2023 favoreciendo candidaturas locales mediante el control territorial en los barrios.
NEXOS CON LA POLICÍA Y ARCHIVO DEL AUDIO
Durante la diligencia con los delegados gubernamentales, Díaz Collazos presumió sobre los vínculos de la organización con integrantes de los organismos de seguridad: “Así como tengo gente en el Gaula, gente en la Sijín, gente en los otros organismos, que son amigos (…)”.
Pese a la gravedad de las confesiones, que incluían la autoría intelectual de decenas de homicidios y extorsiones, el documento y las grabaciones fueron engavetados. El proceso de paz con esta estructura no prosperó por la falta de un marco legal de sometimiento, el incumplimiento de treguas y las exigencias impuestas por la banda.
Línea dura de la administración De La Espriella
Frente a estas revelaciones, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ratificó el cierre definitivo de las mesas de diálogo con bandas criminales tras la eliminación de la Consejería Comisionada de Paz, limitando cualquier opción al sometimiento estricto a la justicia.
El Ejecutivo nacional ordenó a las autoridades judiciales investigar a fondo las alianzas entre actores delictivos y políticos locales en la Región Caribe. En esta línea, De La Espriella advirtió que no se tolerará la complicidad de mandatarios seccionales con grupos al margen de la ley: “No vamos a permitir que los mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos porque los vamos a hacer pagar. Así que con total decisión los vamos a enfrentar con más ganas”.
