La muerte de Nain Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor y señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, no solo generó reacciones por el resultado de la operación militar en La Guajira. El operativo también abrió una nueva controversia política alrededor del manejo que habría tenido el anterior Gobierno frente a las estructuras armadas que operaban en esa región del país.
Durante una intervención en El Debate de SEMANA, el senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, aseguró que durante el Gobierno de Gustavo Petro existía información de inteligencia relacionada con este grupo criminal y sostuvo que, pese a ello, no se habrían realizado operaciones similares contra sus integrantes.
La afirmación del congresista fue contundente y apuntó directamente al expresidente.
“Desde Gustavo Petro se tenían estas informaciones de inteligencia”, manifestó Rodríguez, antes de lanzar la acusación que generó la mayor controversia: “Quiere decir que Gustavo Petro no quiso hacer ninguna de esas operaciones, quiere decir que Gustavo Petro se apadrinó con ellos”.
Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a la interpretación y denuncia política realizada por el senador y, con la información disponible, no constituyen por sí mismas una prueba de que el expresidente haya protegido o tenido algún vínculo con dicha organización criminal.
El pronunciamiento se produjo pocas horas después del operativo ejecutado en Riohacha, La Guajira, durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información divulgada sobre la operación, además de alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita y señalada como pareja sentimental del cabecilla.
El resultado fue presentado como un importante golpe contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, estructura que durante los últimos años ha mantenido presencia y capacidad criminal en sectores de la región Caribe.
Para Rodríguez, la operación representa además un cambio en la estrategia de seguridad del país. El senador sostuvo que militares con los que ha conversado le han manifestado que nuevamente están obteniendo resultados operacionales que, según ellos, antes no podían alcanzar.
“Volvimos a dar resultados operacionales porque nos tenían con las manos atadas”, aseguró el congresista, atribuyendo esa percepción a las restricciones que, según su interpretación, habrían existido durante la administración anterior.
Rodríguez aprovechó además para advertir que la caída de Bendito Menor no sería un hecho aislado. Según dijo, las Fuerzas Militares y de Policía estarían adelantando nuevas operaciones contra estructuras criminales en diferentes zonas del territorio nacional.
El senador evitó entregar nombres concretos de los objetivos que podrían estar en la mira de las autoridades, argumentando que hacerlo podría poner en riesgo futuras operaciones.
“No puedo decir nombres desde luego, porque todo eso es confidencial, pero vienen cabecillas grandes. Cabecillas del ELN, cabecillas de todo lado. Eso es lo que viene”, afirmó.
En su intervención también mencionó a integrantes de otras organizaciones armadas ilegales y sostuvo que las recientes acciones de la Fuerza Pública pretenden enviar un mensaje a quienes no acepten someterse a la justicia.
“Con los terroristas no se negocia”, manifestó Rodríguez, al defender el endurecimiento de las operaciones militares.
La controversia se suma a las distintas discusiones que durante los últimos años han rodeado la política de seguridad y la estrategia de negociación con grupos armados implementada durante el Gobierno Petro. La llamada política de “paz total” fue uno de los principales ejes de esa administración, con acercamientos y procesos de diálogo con diferentes organizaciones ilegales.
Ahora, la muerte de alias Bendito Menor vuelve a poner ese debate sobre la mesa, especialmente porque sectores de la oposición sostienen que algunas estructuras criminales habrían recibido un tratamiento demasiado favorable durante el anterior Gobierno.
Desde el actual Ejecutivo, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, el operativo en La Guajira ha sido presentado como una muestra de la nueva orientación de la política de seguridad, basada en recuperar la capacidad ofensiva de la Fuerza Pública contra organizaciones armadas.
La operación también deja abierta una pregunta que seguramente seguirá generando discusión política: si las autoridades anteriores contaban con información de inteligencia sobre los movimientos y ubicación de cabecillas como Bendito Menor, ¿por qué no se produjo antes una operación de esta magnitud?
Por ahora, la afirmación más directa sobre este asunto proviene del senador Germán Rodríguez. La acusación contra Petro, por tanto, permanece en el terreno político mientras no aparezcan pruebas o documentos que permitan establecer si existió realmente una decisión deliberada de frenar operaciones contra esta estructura criminal.
