La instrucción fue impartida por el presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis Gómez, quien solicitó al área de seguridad de la Corte Suprema y a la Dirección de Protección de la Policía Nacional adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad de los magistrados.
La decisión se produce después de que el magistrado José Joaquín Urbano advirtiera sobre los posibles riesgos de seguridad asociados a la decisión judicial que confirmó la condena contra el exmandatario departamental.
La alerta puso bajo la lupa las condiciones de seguridad de los integrantes de la corporación, particularmente de quienes participaron en el proceso judicial y de aquellos que podrían quedar expuestos por las decisiones adoptadas frente a uno de los casos de mayor impacto en la justicia penal del país.
Ante este escenario, la Presidencia de la Corte solicitó que se adopten las medidas preventivas correspondientes sin esperar a que se materialice una amenaza concreta.
El objetivo es fortalecer los esquemas de protección, evaluar los riesgos individuales y colectivos y establecer las acciones necesarias para preservar la seguridad de los magistrados y de sus entornos familiares, de acuerdo con las valoraciones que realicen las autoridades competentes.
La situación también vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad que enfrentan los funcionarios judiciales que participan en procesos contra personas condenadas por delitos graves o vinculadas a estructuras criminales.
La condena contra ‘Kiko’ Gómez, en el centro de la alerta
Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, fue gobernador de La Guajira y ha enfrentado procesos judiciales relacionados con graves hechos de violencia y criminalidad.
La condena en su contra ha tenido especial relevancia dentro de la justicia colombiana por la gravedad de los hechos analizados y por las personas involucradas en las investigaciones.
La advertencia formulada por el magistrado José Joaquín Urbano llevó a que la Corte Suprema activara sus mecanismos institucionales de prevención y solicitara acompañamiento de la Policía Nacional.
La orden del presidente del alto tribunal busca que las autoridades de seguridad realicen una valoración integral de la situación y determinen si es necesario modificar o ampliar los esquemas de protección existentes.
Policía deberá evaluar los riesgos
La Dirección de Protección de la Policía Nacional tendrá un papel fundamental en la implementación de las medidas solicitadas por la Corte.
A partir de los análisis de riesgo correspondientes, las autoridades deberán establecer las acciones preventivas que resulten necesarias para evitar que los magistrados puedan quedar expuestos a situaciones que comprometan su integridad.
El llamado también evidencia la preocupación existente alrededor de posibles retaliaciones contra funcionarios judiciales por decisiones adoptadas en procesos de alto impacto.
Desde la Corte Suprema se busca que las actuaciones de sus magistrados puedan desarrollarse con independencia y sin presiones derivadas de amenazas o riesgos de seguridad.
Por ahora, la prioridad del alto tribunal es preventiva: identificar los riesgos, reforzar la protección y garantizar que los magistrados puedan continuar ejerciendo sus funciones con seguridad e independencia.
La alerta relacionada con la condena de ‘Kiko’ Gómez será objeto de seguimiento por parte de las autoridades, mientras avanzan las evaluaciones para determinar el nivel de riesgo y las medidas específicas que deberán implementarse.
