El Ministerio de Hacienda y el equipo económico del Ejecutivo avanzan en la derogación oficial del decreto que exigía a los fondos privados de pensiones mantener la mayor parte del capital de los ahorradores invertido dentro del territorio nacional.
La norma saliente, radicada durante la administración previa, pretendía forzar el retorno de unos $125 billones de pesos en un periodo de cinco años. En su momento, la medida desencadenó un choque en el sector financiero y provocó la renuncia de Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), quien argumentó que forzar el traslado de esos capitales exponía a pérdidas el saldo de las cuentas individuales.
Efectos en el mercado y evaluación de ajustes
Dentro de las implicaciones observadas por las autoridades económicas destacan:
Comportamiento del dólar: Informes del Banco de la República señalan que la mera expectativa sobre la anulación de esta medida ha figurado entre las causas de la reciente baja en la cotización de la divisa estadounidense.
Protección ante inflación: De igual manera, el Gobierno estudia la aplicación de nuevos controles para resguardar la estabilidad del sistema pensional ante incrementos del salario mínimo que superen el índice de precios al consumidor.
