De acuerdo con una investigación de Caracol Radio, la estrategia contempla limitar las entrevistas y ruedas de prensa y concentrar los anuncios oficiales en voceros previamente definidos por la Casa de Nariño.
La información, revelada por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, está contenida en un acta de una reunión en la que participaron responsables de comunicaciones de diferentes ministerios y la jefa de comunicaciones de la Presidencia, María Fernanda Sandoval.
Según el documento conocido por el medio, una de las principales instrucciones consiste en que los funcionarios no concedan ruedas de prensa ni entrevistas a medios considerados por la Presidencia como “no amigos”, salvo cuando se trate de asuntos estratégicos y exista una autorización previa.
La directriz plantea así un modelo de comunicación mucho más centralizado, en el que la Presidencia tendría mayor control sobre los mensajes que salen de las diferentes entidades del Gobierno.
La instrucción también tendría efectos sobre la manera en que los ministros interactúan con los periodistas durante eventos públicos.
De acuerdo con lo revelado, cuando haya medios de comunicación presentes en recorridos, inspecciones o actividades oficiales, los ministros podrán entregar una declaración, procurando que sea completa, pero no responderían preguntas de los periodistas.
La medida también establecería restricciones para los viceministros, quienes no estarían autorizados para ejercer como voceros oficiales del Gobierno.
En contraste, los grandes anuncios quedarían reservados para el presidente Abelardo De la Espriella.
La estrategia contempla además un papel central para el abogado Miller Soto, quien sería utilizado como uno de los principales voceros de la administración.
Según Caracol Radio, Soto tendría tres intervenciones diarias como vocero oficial de la Presidencia, convirtiéndose en una pieza fundamental para transmitir y explicar las decisiones del Gobierno.
El esquema tendría varios filtros antes de que una información llegue a los medios.
Desde la coordinación del alto Gobierno se habría definido que cada ministerio tenga un periodista encargado de recibir la información considerada relevante de su respectiva cartera. Ese contenido sería evaluado antes de avanzar hacia la oficina de comunicaciones de la Presidencia.
Las entidades adscritas a los ministerios también recibirían estas instrucciones y deberían canalizar previamente sus anuncios, evitando entregar información o conceder entrevistas por iniciativa propia.
La idea sería que, una vez seleccionados los contenidos considerados prioritarios, estos sean comunicados bajo una misma línea y, en determinados casos, directamente por Miller Soto.
La Casa de Nariño también tendría previsto realizar talleres piloto de vocería con Soto. Para estas jornadas, los equipos de comunicaciones de los ministerios deberán suministrar los asuntos que consideran más importantes, con el propósito de preparar al vocero para abordar esos temas.
El modelo busca, en esencia, evitar que diferentes funcionarios entreguen versiones contradictorias sobre una misma decisión gubernamental y establecer una narrativa unificada para la administración.
Sin embargo, la medida también abre un debate sobre el acceso de los medios de comunicación a los funcionarios públicos y sobre la posibilidad de que las restricciones terminen reduciendo los espacios para formular preguntas y ejercer control periodístico sobre las actuaciones del Gobierno.
Otro de los componentes de la estrategia sería la construcción de una narrativa común alrededor del proyecto denominado “Patria Milagro”.
Según el documento citado por Caracol Radio, los equipos de comunicaciones deberán utilizar con frecuencia mensajes relacionados con la entrega de esperanza, el cierre de una etapa considerada negativa y la idea de que el país está “reconstruyendo juntos” esa denominada “Patria Milagro”.
El propósito sería conectar al Gobierno con ciudadanos que votaron por De la Espriella y también con aquellos que no respaldaron su candidatura.
La comunicación oficial buscaría, de esta manera, no limitarse a informar sobre decisiones administrativas, sino construir una narrativa política alrededor del proyecto de Gobierno.
También se habrían establecido reglas sobre la extensión y publicación de los comunicados.
La instrucción sería que, por regla general, los comunicados no superen una página y que la información institucional sea publicada inicialmente en las cuentas oficiales de los ministerios y no directamente en las cuentas personales de los ministros.
Los jefes de las carteras podrían posteriormente compartir o republicar esos contenidos.
Las instrucciones también alcanzarían la publicidad oficial y los planes de medios.
De acuerdo con la información publicada, los ministerios tendrían que entregar a la Presidencia los planes de medios actualmente vigentes y las pautas publicitarias activas, con la instrucción de detenerlas temporalmente mientras son revisadas.
Esta decisión podría tener implicaciones importantes para las relaciones entre el Gobierno y los medios de comunicación, especialmente porque la pauta oficial representa una fuente de financiación relevante para numerosos medios nacionales y regionales.
El argumento oficial detrás de esta revisión estaría relacionado con las medidas de austeridad. Las entidades deberían evitar gastos considerados excesivos y demostrar mayor disciplina en el uso de los recursos públicos.
La Presidencia también habría pedido a los ministerios concentrarse exclusivamente en los asuntos correspondientes a sus respectivas competencias y evitar pronunciarse sobre temas que no estén directamente relacionados con sus funciones.
La nueva estrategia configura, en conjunto, un esquema de comunicación presidencial altamente centralizado.
Los ministros tendrían menos margen para conceder entrevistas, los viceministros quedarían fuera de la vocería oficial, los anuncios considerados de mayor importancia serían realizados por el presidente y la información de las diferentes entidades pasaría por filtros antes de ser divulgada.
El Gobierno podría argumentar que este modelo busca evitar contradicciones, mejorar la coordinación institucional y garantizar que la ciudadanía reciba información precisa y coherente.
No obstante, también plantea interrogantes sobre la relación entre el poder público y la prensa.
La posibilidad de que los ministros hablen únicamente mediante declaraciones previamente preparadas y sin aceptar preguntas de los periodistas podría dificultar el ejercicio del periodismo de preguntas y respuestas, especialmente frente a asuntos polémicos o decisiones que requieran explicaciones adicionales.
Una entrevista permite repreguntar, contrastar información y exigir precisiones. Una declaración sin preguntas, en cambio, deja el control del mensaje principalmente en manos del funcionario.
El debate será aún mayor si la instrucción de limitar entrevistas a determinados medios termina convirtiéndose en una política permanente y no solamente en una medida de organización comunicacional.
La diferencia entre coordinar la comunicación gubernamental y restringir el acceso de los periodistas a los funcionarios será uno de los puntos que seguramente generará mayor discusión.
También queda por establecer cómo se aplicará la clasificación de medios “amigos” y quién determinará cuáles pueden acceder a entrevistas o ruedas de prensa.
Ese aspecto es especialmente sensible porque el Gobierno administra recursos públicos y sus funcionarios tienen responsabilidades frente a todos los ciudadanos, independientemente del medio de comunicación que formule las preguntas.
En democracias constitucionales, la comunicación institucional no solamente cumple una función propagandística o informativa. También constituye uno de los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos conocen las decisiones de sus gobernantes y los periodistas pueden ejercer vigilancia sobre el poder.
Por eso, la nueva hoja de ruta de la Casa de Nariño podría convertirse en uno de los primeros grandes debates sobre la relación entre el Gobierno de Abelardo De la Espriella y los medios de comunicación.
La estrategia plantea una Presidencia con un mensaje cuidadosamente coordinado, pocos voceros y un fuerte control sobre los anuncios.
La gran pregunta será si esa centralización consigue mejorar la comunicación institucional o si, por el contrario, termina cerrando espacios para el debate, la crítica y las preguntas incómodas.
Por ahora, según la información revelada por Caracol Radio, las instrucciones ya fueron comunicadas a los responsables de comunicaciones de diferentes entidades y contemplan desde el manejo de entrevistas y ruedas de prensa hasta la publicidad oficial, los comunicados y la narrativa que deberá acompañar al Gobierno durante esta nueva etapa.
El resultado de esta estrategia será seguido de cerca por los medios, pero también por organizaciones defensoras de la libertad de prensa y sectores políticos de oposición, pues de su aplicación dependerá si se trata simplemente de una reorganización de la comunicación gubernamental o de un modelo que termine restringiendo el acceso periodístico a la información pública.
