La diligencia quedó programada para las 9:00 de la mañana y se realizará ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El oficial deberá acudir acompañado de su abogado para conocer formalmente los cargos que la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia pretende formular en su contra.
La investigación está relacionada con un operativo desarrollado en el corregimiento de El Plateado, zona rural de Argelia, Cauca, donde militares habían detenido a un hombre que, según los elementos recopilados por las autoridades, estaría relacionado con actividades de narcotráfico.
De acuerdo con la investigación, mientras se desempeñaba como comandante del Comando Específico del Cauca, Mejía habría impartido instrucciones para que el detenido fuera liberado y posteriormente trasladado en un helicóptero del Ejército.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención dentro del expediente es que, según las pruebas reveladas, 36 militares habrían participado en el procedimiento, entre ellos tres oficiales: un coronel, un teniente coronel y un mayor.
La Fiscalía también sostiene que, después de la liberación, se habría ordenado a los uniformados devolver los elementos incautados durante el procedimiento. Entre estos se encontraría un cargamento de aproximadamente 4,5 kilogramos de pasta base de cocaína.
La explicación entregada en su momento por el general Mejía quedó consignada en un documento firmado por el propio oficial. Allí sostuvo que la decisión de liberar al capturado respondió a la necesidad de evitar una alteración del orden público, debido al riesgo de una posible asonada de habitantes contra los militares.
En ese documento, el entonces comandante defendió la actuación de sus subordinados y consideró que la decisión constituía una respuesta legítima y responsable ante las circunstancias que se estaban presentando en la zona.
Sin embargo, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para llevar el caso ante la justicia y anunció que imputará al general por los presuntos delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
La investigación también ha estado rodeada de cuestionamientos por el manejo que tuvo inicialmente la información relacionada con el procedimiento.
Parte de la documentación fue catalogada como reservada, situación que posteriormente fue cuestionada judicialmente. El Tribunal Administrativo del Cauca determinó que el Ejército no había demostrado que la información tuviera el carácter de clasificada o reservada y ordenó permitir el acceso a los documentos.
Precisamente, los documentos relacionados con la liberación del capturado y la justificación entregada por el general Mejía podrían convertirse en elementos centrales durante la audiencia de imputación.
El caso adquiere mayor relevancia luego de que, el pasado 31 de agosto, se conociera la salida del general Mejía de la posición que ocupaba en el Ejército y su traslado a una función dentro del Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares.
De acuerdo con la información oficial, el nuevo cargo será de carácter administrativo y no implicará responsabilidades directas de comando o dirección.
La institución explicó que la determinación busca garantizar la continuidad del servicio y, al mismo tiempo, permitir el normal desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades competentes.
Pese al cambio de funciones, el proceso judicial continuará debido al fuero constitucional que cobija al general. Por esa razón, la actuación permanece bajo conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, todas las miradas estarán puestas en la audiencia del 2 de septiembre, donde la Fiscalía expondrá los elementos que sustentan su investigación y el general Federico Mejía tendrá la oportunidad de ejercer su defensa frente a los hechos que dieron origen al proceso.
