El mandatario cumplió la orden impartida por el juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá y, durante una intervención pública, manifestó sus excusas a quienes pudieron sentirse incómodos u ofendidos por el episodio.
De La Espriella sostuvo que es creyente y católico, pero que respeta la separación entre la Iglesia y el Estado.
La controversia, sin embargo, no terminó con el cumplimiento de la decisión judicial. Carlos Suárez, estratega político del jefe de Estado, anunció que el Gobierno acudirá a las instancias correspondientes para controvertir el fallo y buscar una eventual revisión constitucional.
“Hay que devolver las cosas a su lugar”, afirmó Suárez, al cuestionar el trámite judicial utilizado para resolver la tutela presentada contra el presidente.
El estratega también planteó que el caso debería llegar a la Corte Constitucional para que se determine el alcance de los derechos a la libertad religiosa y de expresión cuando quien los ejerce es el presidente de la República.
“Mientras tanto: ¡Que viva Cristo Rey!”, expresó Suárez en sus redes sociales.
También podría gustarte
¿Por qué se originó la controversia?
La acción judicial fue promovida por el ciudadano Omar Alberto Franco, quien cuestionó el acto de posesión presidencial realizado el pasado 7 de agosto de 2026.
Según el fallo, durante la ceremonia participaron representantes de diferentes confesiones religiosas y se produjeron expresiones que, a juicio del accionante, comprometieron el principio de neutralidad religiosa que debe caracterizar las actuaciones oficiales del Estado.
El juez consideró que se había configurado una vulneración y ordenó al mandatario ofrecer disculpas públicas.
Además, estableció que en una próxima alocución presidencial De La Espriella deberá manifestar que se abstendrá de realizar conductas que impliquen una inclinación hacia la Iglesia católica o hacia cualquier otro credo particular.
La decisión también incluyó una orden dirigida a los servidores públicos para que respeten la neutralidad religiosa del Estado en los actos oficiales que desarrollen en ejercicio de sus funciones.
La decisión también cobija al Congreso
El fallo no se limitó al presidente.
El juez ordenó al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, ofrecer disculpas públicas durante una sesión plenaria prevista para la última semana de septiembre de 2026.
Henríquez deberá referirse igualmente a la presunta vulneración de la neutralidad religiosa durante el acto de posesión presidencial y comprometerse a evitar actuaciones similares en ceremonias oficiales en las que represente al Congreso.
Mientras el fallo comienza a generar debate político y jurídico, el equipo del presidente prepara la impugnación con la intención de que una instancia superior revise los argumentos utilizados por el juez.
El caso abre así una nueva discusión sobre los límites entre la libertad religiosa, la libertad de expresión y el deber de neutralidad que deben observar las autoridades públicas.
