El presidente Abelardo De La Espriella salió en defensa de las operaciones militares adelantadas contra las estructuras armadas ilegales y cuestionó duramente el reclutamiento de menores de edad por parte de las disidencias de las FARC.
La declaración del mandatario se produjo luego de conocerse que tres menores murieron durante un bombardeo realizado en una zona rural del Guaviare contra integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructura disidente comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado sostuvo que la responsabilidad por la presencia de menores en escenarios de combate recae en las organizaciones criminales que los reclutan y los incorporan a sus estructuras armadas.
“Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”, afirmó De La Espriella.
El pronunciamiento ocurre en medio del debate generado por la muerte de los menores durante la operación aérea y por las condiciones bajo las cuales se produjo el ataque. El Gobierno, sin embargo, sostiene que la acción militar se desarrolló dentro del marco legal establecido.
Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas.
Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben… https://t.co/mAL5GQtRpZ
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 31, 2026
El Ministerio de Defensa informó que durante la operación fueron incautados 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas para mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 174 proveedores, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones.
La cartera de Defensa también aseguró que el ataque cumplió con los estándares legales aplicables a las operaciones aéreas estratégicas, tanto durante la fase de planeamiento como en la ejecución. Además, señaló que en el lugar se adelantaron los actos urgentes establecidos por la legislación.
El Gobierno Nacional mantiene así su respaldo a las Fuerzas Militares y plantea que la lucha contra las estructuras armadas ilegales debe continuar, mientras las autoridades judiciales deberán establecer las circunstancias exactas en las que murieron los menores.
El caso vuelve a poner en el centro del debate nacional el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y los límites que deben observar las operaciones militares cuando existe la posibilidad de que menores permanezcan dentro de las estructuras combatientes.
