La intervención de Air-e entra en una nueva etapa en medio de un escenario marcado por cuestionamientos políticos, retos financieros y la necesidad de garantizar la continuidad de las inversiones destinadas a mejorar el servicio de energía en el Caribe colombiano.
Pese a las controversias que han rodeado el manejo de la empresa durante los últimos años, las cifras reportadas por Air-e muestran avances importantes en algunos de los proyectos de normalización eléctrica que fueron heredados de la antigua Electricaribe.
Uno de los principales indicadores corresponde a los proyectos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) correspondientes a las convocatorias de 2019 y 2020.
De acuerdo con las cifras suministradas, Air-e registra cerca del 99 % de ejecución de estos proyectos, que contemplan aproximadamente 22.084 usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar.
Se trata de obras orientadas a mejorar y normalizar las condiciones de prestación del servicio en sectores que durante años han presentado dificultades relacionadas con infraestructura eléctrica y conexiones.
Los proyectos de 2022 también avanzan
A estos trabajos se suman los proyectos PRONE correspondientes a la convocatoria de 2022, cuya ejecución física comenzó durante 2025.
Los proyectos asignados directamente a Air-e beneficiarían aproximadamente a 6.033 usuarios y, de acuerdo con las proyecciones entregadas, deberían estar culminados antes de finalizar 2026.
El avance de estas obras representa uno de los puntos que ahora deberá tener en cuenta el Gobierno nacional al momento de definir el rumbo que tomará la empresa intervenida.
El reto será garantizar que los proyectos que ya están en ejecución no sufran retrasos durante el proceso de transición y que las inversiones destinadas a la normalización de las redes puedan llegar efectivamente a las comunidades beneficiarias.
¿Cuánto pagan los usuarios por la energía?
Otro de los indicadores que aparece en el debate alrededor de Air-e es el comportamiento de las tarifas.
Según el ranking suministrado, Barranquilla registra un promedio de $751,54 por kilovatio hora (kWh), mientras que el promedio nacional reportado se ubica en $868,97 por kWh.
La diferencia entre ambos valores se convierte en uno de los elementos que entran en discusión cuando se analiza el costo del servicio para los usuarios de la capital del Atlántico frente al promedio del país.
Sin embargo, el valor final que paga cada usuario puede variar dependiendo de factores como el nivel de consumo, el tipo de usuario, los subsidios aplicables y otros componentes incluidos en la factura.
La gran decisión que viene para Air-e
Más allá de las cifras de ejecución y tarifas, uno de los principales interrogantes está ahora en manos del Gobierno nacional.
La administración del presidente Abelardo De La Espriella deberá definir quién será el agente interventor que continuará al frente del proceso de intervención de Air-e.
La decisión tendrá especial importancia porque el nuevo responsable deberá asumir el seguimiento de los proyectos en marcha, la situación financiera de la compañía, la calidad del servicio y las relaciones con los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El cambio también podría marcar una nueva etapa en el proceso iniciado tras la intervención de la empresa, que sustituyó a Electricaribe como operador de energía en buena parte de la región Caribe.
Obras, tarifas y servicio: los tres grandes retos
El futuro de Air-e estará determinado por varios factores simultáneos.
Por un lado, están las obras de normalización de redes y la necesidad de culminar los proyectos PRONE que ya tienen recursos y usuarios beneficiarios.
Por otro, permanece el debate sobre las tarifas y el impacto que tiene el costo de la energía en los hogares y sectores productivos de la región.
Y, finalmente, está el desafío de garantizar un servicio estable y de calidad en una zona donde históricamente los usuarios han reclamado por interrupciones, variaciones en el servicio y problemas de infraestructura.
Con cerca de 22.084 usuarios incluidos en los proyectos PRONE de 2019 y 2020 y otros 6.033 contemplados en los proyectos de 2022 asignados directamente a Air-e, el volumen de población involucrada hace que las decisiones que se adopten durante los próximos meses tengan un impacto directo sobre miles de familias.
Por ahora, la expectativa se concentra en la definición del nuevo agente interventor y en saber si el Gobierno de De La Espriella mantendrá el rumbo actual, introducirá cambios en la administración de la compañía o impulsará una nueva estrategia para enfrentar los problemas estructurales del servicio de energía en el Caribe.
Mientras esa decisión se conoce, las cifras de ejecución de los proyectos y los valores tarifarios reportados se convierten en parte central del debate sobre el presente y futuro de Air-e.
