Corte Constitucional constata grave crisis en La Guajira: agua contaminada con heces, fallas en salud y riesgo en alimentación escolar

Una comisión de la Corte Constitucional realizó una inspección judicial en comunidades indígenas del departamento de La Guajira para constatar la garantía de derechos fundamentales como el acceso a agua potable, salud y alimentación. La diligencia dejó al descubierto un deterioro continuo en las condiciones de vida de la población Wayuu, a casi una década de la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).

Durante los recorridos en zonas como el corregimiento de Jojocinto y Carrizal (Uribia), el Resguardo Perratpu y la comunidad Romonero (Riohacha), los magistrados auxiliares documentaron serias afectaciones sanitarias que amenazan la supervivencia de las comunidades locales.

Hallazgos de la inspección e investigación en terreno

El informe técnico recopilado por el tribunal constitucional evidenció múltiples falencias en la atención estatal:

• Contaminación del agua: En el municipio de Uribia se verificó que habitantes consumen agua de reservorios con alta presunción de contaminación por heces fecales de animales de corral y proliferación de microalgas. Ante esto, la viceministra de Agua, Mónica Saldarriaga, se comprometió a implementar medidas de mitigación inmediata.

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• Barreras en atención en salud: La comisión, liderada por el magistrado auxiliar Sebastián Rubiano Groot, registró puestos de salud desabastecidos de personal e insumos, además de graves dificultades de movilidad que impiden a las comunidades llegar a centros asistenciales de mayor complejidad.

• Alertas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE): En Uribia, la administración local notificó a los magistrados que la continuidad del PAE y los esquemas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solo cuentan con sostenibilidad financiera hasta el mes de octubre.

• Posibles medidas de la Sala de Seguimiento: Ante la gravedad de los hallazgos, los magistrados Paola Meneses, Vladímir Fernández y Carlos Camargo evalúan la adopción de medidas cautelares y órdenes de obligatorio cumplimiento para frenar la vulneración continuada de derechos en la región.