Se trata de la Universidad del Catatumbo, un proyecto que ya cuenta con campus construido, pero que no puede comenzar a operar porque todavía no existe el marco legal que permita crear formalmente la institución de educación superior.
El principal obstáculo está en el Congreso de la República, donde no fue aprobado el proyecto de ley necesario para darle vida jurídica a la universidad. Sin esa aprobación, la infraestructura permanece prácticamente paralizada: el edificio está listo, pero no existe una institución legalmente constituida que pueda administrarlo, contratar docentes, matricular estudiantes y poner en marcha los programas académicos.
La situación ha generado cuestionamientos sobre la planeación del proyecto y sobre cómo es posible que primero se construya la infraestructura y posteriormente se busque crear la institución que deberá utilizarla.
Para las comunidades del Catatumbo, la situación resulta especialmente sensible. La región enfrenta históricas dificultades de acceso a la educación superior y la universidad había sido presentada como una alternativa para que los jóvenes pudieran estudiar sin tener que abandonar sus municipios y sus familias.
El campus representa, por tanto, mucho más que una edificación. Para miles de jóvenes de la región, significa la posibilidad de acceder a educación superior cerca de sus hogares, abrirse camino profesionalmente y encontrar nuevas oportunidades en una zona que durante años ha estado marcada por la violencia y las dificultades sociales.
Pero mientras el trámite legislativo no avance, esas aulas no podrán recibir estudiantes.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que los grandes proyectos públicos sean planeados de manera integral. Construir una infraestructura educativa es apenas una parte del proceso. También se necesita garantizar la creación jurídica de la institución, su financiación, estructura administrativa, docentes, programas académicos y capacidad para operar.
La Universidad del Catatumbo se encuentra hoy frente a esa paradoja: tiene campus, pero no tiene universidad funcionando.
El reto ahora está en que el Congreso destrabe el proyecto de ley y permita completar el proceso institucional. Solo así una obra que ya está lista podrá cumplir el propósito para el que fue construida: convertirse en una puerta de entrada a la educación superior para los jóvenes del Catatumbo.
Mientras tanto, el contraste resulta difícil de ignorar: aulas preparadas para recibir estudiantes, pero sin estudiantes; una infraestructura terminada, pero sin operación; y una promesa educativa que todavía depende de una decisión del Congreso.
