La exfiscal Lucy Laborde presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. En el documento, señala presuntas presiones e irregularidades cometidas durante la etapa de investigación del proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.
La denunciante solicita investigar la posible comisión de delitos como prevaricato por acción y omisión, abuso de función pública, constreñimiento al servidor, persecución laboral y falsedad ideológica en documento público, entre otros. Asimismo, pidió compulsar copias para investigar a personas sin fuero constitucional, entre ellas a la delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, y al abogado Alejandro Carranza.
Presuntas injerencias en la imputación
Dentro de los hechos expuestos, Laborde relató una propuesta previa para lograr una terminación anticipada del proceso retirando los cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito para redefinirlos como estafa. Según su testimonio, el entonces defensor Ricardo Gaviria Ramírez le habría indicado que la propuesta fue consultada en el Ejecutivo:
“El abogado manifestó que lo ‘socializaría con Presidencia’ y, posteriormente, me informó que ‘en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos'”, sostuvo Laborde en el documento.
Adicionalmente, la exfiscal señaló directamente a Luz Adriana Camargo de haber impartido instrucciones en su despacho para modificar la acusación:
“Fue ella quien, en su propio despacho, formuló la instrucción de retirar el lavado de activos y dejar únicamente el enriquecimiento ilícito”, afirmó, añadiendo que la medida buscaba evitar la inclusión en la Lista OFAC y facilitar una reclusión en guarnición militar.
Señalamientos por persecución laboral
Laborde también atribuyó a la alta dirección del ente acusador una serie de medidas administrativas que afectaron su ejercicio profesional, como la pérdida de oficina, asistente e investigadores asignados. Finalmente, cuestionó su desvinculación de la entidad, asegurando que se dio mediante la aplicación irregular de una circular interna expedida por la propia fiscal general.
