Un encendido debate se desató en el sector educativo tras la publicación del borrador que busca modificar el Decreto 1075 por parte del Ministerio de Educación. La iniciativa reglamenta las condiciones bajo las cuales las entidades territoriales podrán contratar con iglesias y confesiones religiosas para implementar estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos oficiales.
Según el documento, cuando las administraciones no tengan la capacidad de cubrir ciertos componentes del servicio, las organizaciones religiosas podrán aportar apoyo pedagógico y administrativo para el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI) o el Proyecto Educativo Comunitario (PEC). La infraestructura y el personal docente continuarían a cargo del Estado.
La postura de la cartera de Educación
Ante las críticas, la ministra de Educación, Viviane Morales, defendió el proyecto a través de sus redes sociales asegurando que la figura no es nueva y cuenta con respaldo legal desde hace tres décadas.
“El proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Educación reproduce algo vigente desde hace más de treinta años: los contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas están contemplados en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentados en el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015”, sostuvo Morales.
La alta funcionaria añadió que la Corte Constitucional ha respaldado este tipo de colaboración y concluyó enfáticamente que no se trata de ningún “decretazo”.
Rechazo categórico del magisterio
Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) rechazó contundentemente la propuesta al considerar que vulnera el principio de laicidad en la educación pública.
“Por años, el país dio una fuerte lucha por la correcta separación de Iglesia y Estado, en particular, contra el absoluto control eclesiástico de la educación”, manifestó el sindicato.
Fecode calificó la medida como una amenaza a los avances históricos en materia de educación pública y laica, haciendo un llamado a diversos sectores sociales a conformar un “gran frente unido” para frenar la reforma al decreto.
