Estupiñán Bravo, quien figuraba como representante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, aceptó los cargos formulados en su contra mediante allanamiento y reconoció su participación en los hechos investigados por las autoridades.
El proceso judicial se originó en la contratación adelantada por la UNGRD para adquirir 40 carrotanques que serían destinados a atender las necesidades de abastecimiento de agua en comunidades de La Guajira. La operación estaba respaldada con recursos públicos por un valor cercano a los $29.000 millones.
De acuerdo con la investigación, el contratista habría intervenido en el proceso de direccionamiento y adjudicación de la orden de proveeduría. Uno de los elementos centrales del expediente fue una certificación presentada para acreditar que los vehículos podían ser entregados de manera inmediata.
Sin embargo, según lo establecido durante el proceso penal, los carrotanques todavía se encontraban en fase de ensamblaje cuando se presentó dicha certificación.
A pesar de esa situación, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 se realizaron desembolsos que alcanzaron los $25.375 millones. La operación quedó posteriormente bajo la lupa de las autoridades por las diferencias entre los valores pagados y los costos que, según la investigación, correspondían realmente a los vehículos.
El expediente estableció un sobrecosto estimado en $11.114 millones, mientras que la participación económica atribuida directamente a Estupiñán habría superado los $4.330 millones.
La investigación también puso de presente la intervención de funcionarios y directivos de la UNGRD, cuya actuación habría permitido que el proceso contractual avanzara pese a las irregularidades advertidas.
Por estos hechos, el contratista fue condenado por delitos relacionados con el manejo irregular de recursos públicos y la contratación estatal, entre ellos peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
La decisión de segunda instancia mantuvo la responsabilidad penal, pero modificó la pena inicialmente establecida, que había sido de 16 años de prisión. Finalmente, el Tribunal la determinó en 9 años, 11 meses y 27 días.
Además de la prisión, la sentencia contempla una multa solidaria de $5.000 millones y una inhabilidad especial cercana a diez años para ejercer cargos públicos.
La reducción de la pena estuvo relacionada con la aceptación de responsabilidad y la colaboración ofrecida por el procesado. Su aporte a la investigación incluye información que podría contribuir al esclarecimiento de la participación de otros funcionarios y particulares.
Este punto adquiere especial importancia dentro del proceso, debido a que el caso de los carrotanques no se limita a la actuación de un solo contratista. Las investigaciones han buscado establecer cómo se estructuró la operación, quiénes intervinieron en la selección del proveedor y qué funcionarios facilitaron la ejecución de los desembolsos.
El escándalo provocó una fuerte controversia nacional porque los recursos comprometidos estaban destinados a atender una necesidad básica de comunidades de La Guajira: el acceso al agua.
La adquisición de los vehículos terminó convirtiéndose en uno de los casos más cuestionados de la contratación pública durante el anterior gobierno y abrió investigaciones contra funcionarios, contratistas y otros actores que habrían tenido diferentes niveles de participación.
Con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, la condena contra Estupiñán queda confirmada en segunda instancia y se fortalece una de las líneas judiciales derivadas del escándalo.
Ahora, la información que el condenado entregue a las autoridades podría tener un papel relevante en las investigaciones que permanecen abiertas y en las que se busca establecer la responsabilidad de otros involucrados.
El proceso judicial continúa así avanzando mientras los organismos de investigación intentan reconstruir la totalidad de la operación, determinar el destino de los recursos públicos y establecer quiénes participaron en el esquema que terminó convirtiendo una contratación destinada a llevar agua a La Guajira en un millonario caso de corrupción.
