La acción judicial fue presentada el 8 de julio de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por Christofferson Robb & Company (CRC), firma con sede en Nueva York que, según el documento citado por SEMANA, adquirió el 100 % de Finsocial en 2021 y posteriormente otorgó recursos adicionales a la compañía.
Es importante precisar que se trata de alegaciones contenidas en una demanda civil y no de una condena judicial. Las afirmaciones deberán ser debatidas dentro del proceso y Botero conserva las garantías propias del debido proceso.
Según la demanda, el caso estaría relacionado con un supuesto esquema que habría comenzado antes de la venta de Finsocial y continuado después de la operación. Los demandantes sostienen que se habrían presentado estados financieros que reflejaban una situación económica considerablemente más favorable que la real, incluyendo activos presuntamente inexistentes, préstamos que no corresponderían a cartera vigente y pasivos que, según una auditoría posterior, habrían sido subestimados.
Finsocial, empresa fundada por Botero, se dedicaba a ofrecer créditos, entre otros segmentos, a pensionados, trabajadores del sector público y hogares de ingresos bajos.
Una adquisición de US$36 millones
Uno de los puntos centrales de la controversia es la compraventa de Finsocial. De acuerdo con la demanda, CRC y sus socios adquirieron la totalidad de la compañía en julio de 2021 por aproximadamente 36 millones de dólares.
Los demandantes aseguran que la decisión de inversión se tomó con base en información financiera que presentaba a Finsocial como una empresa sólida y con una cartera adecuadamente respaldada.
Sin embargo, una auditoría realizada posteriormente habría encontrado diferencias significativas en las cifras.
La demanda sostiene que los estados financieros habrían sobreestimado activos y subestimado pasivos por un valor conjunto cercano a los 95 millones de dólares. También señala que algunas cuentas por cobrar correspondían presuntamente a créditos ficticios, cancelados o que no podían ser considerados como cartera vigente.
Otro dato señalado por los demandantes tiene que ver con la morosidad. Según la acción judicial, la cartera tendría una tasa real de incumplimiento cercana al 28 % al cierre de 2021, mientras que los documentos presentados durante la operación habrían mostrado niveles de entre 1 % y 2 %.
Estos elementos forman parte de la versión de los demandantes y deberán ser acreditados dentro del proceso judicial.
El préstamo adicional que ahora está bajo la lupa
La controversia no terminó con la compraventa.
Según el documento judicial, pocos días antes del cierre de la operación, CRC entregó a Finsocial otros 19 millones de dólares destinados a capital de trabajo y a la generación de nuevos créditos.
La parte demandante sostiene que esos recursos no habrían sido utilizados para el propósito informado inicialmente y que, en cambio, una parte importante habría terminado en manos de Botero y de compañías relacionadas con él.
La acusación hace parte de la segunda etapa del supuesto esquema descrito en la demanda.
Posteriormente, los demandantes hablan de una tercera fase que califican como un presunto desvío sistemático de recursos.
Señalan transferencias por más de US$54 millones
Uno de los señalamientos de mayor alcance está relacionado con movimientos de dinero que, según CRC, habrían salido de Finsocial hacia Botero y una red de más de 40 compañías vinculadas.
La demanda asegura que entre enero de 2021 y agosto de 2024 se habrían transferido más de 54 millones de dólares a empresas relacionadas y a personas cercanas al empresario.
Dentro de las operaciones cuestionadas aparecen, según los demandantes, pagos a Botero, familiares, socios y compañías dedicadas a actividades como tecnología, bienes raíces, alquiler de vehículos y producción audiovisual.
CRC sostiene que algunas de esas operaciones no tendrían una justificación comercial legítima relacionada con la actividad de Finsocial.
La demanda también menciona gastos efectuados mediante tarjetas de crédito que, según la parte demandante, habrían estado relacionados con bienes de lujo, restaurantes y viajes.
El alcance y la naturaleza de cada una de estas transacciones tendrán que ser determinados en el curso del litigio.
El papel de un exdirectivo de Finsocial
Otro elemento incorporado al expediente es el testimonio atribuido a Juan Manuel Puerto, quien se desempeñaba como director financiero de Finsocial.
De acuerdo con la demanda, Puerto habría reconocido antes de su salida de la compañía, en diciembre de 2024, que existían manipulaciones contables y habría cuestionado la información relacionada con las garantías de la cartera.
Los demandantes utilizan ese supuesto reconocimiento como uno de los elementos para sustentar su versión sobre lo ocurrido al interior de la compañía.
No obstante, cualquier declaración y su valor probatorio deberán ser examinados por el tribunal dentro del proceso.
¿Por qué la demanda llegó a Nueva York?
La acción judicial fue presentada en Estados Unidos debido a que, según los demandantes, una parte relevante de las operaciones financieras investigadas pasó por el sistema financiero de ese país.
La demanda señala que los aproximadamente 36 millones de dólares correspondientes a la compraventa de Finsocial fueron transferidos a Kandeo mediante cuentas corresponsales en Bank of New York Mellon.
Los préstamos otorgados posteriormente por CRC también habrían utilizado canales financieros estadounidenses, entre ellos Citibank en Nueva York.
Además, el documento menciona movimientos de dinero hacia compañías ubicadas en Florida y Delaware.
Entre las instituciones que aparecen indirectamente relacionadas con los recursos está Utah State Retirement Systems, fondo público de pensiones de Utah, que habría participado en los préstamos concedidos a Finsocial a través de fondos administrados por CRC.
También mencionan propiedades y activos en Estados Unidos
La demanda solicita al tribunal que adopte medidas destinadas a preservar activos que, según los demandantes, podrían estar relacionados con los recursos objeto de la disputa.
El documento menciona propiedades en Florida y una residencia familiar en Miami que, de acuerdo con la acusación, habría sido adquirida utilizando recursos provenientes de la operación de compraventa.
También se hace referencia a una colección de arte y a otros bienes ubicados en Estados Unidos.
Los demandantes buscan que determinados activos puedan quedar sujetos a mecanismos judiciales de protección patrimonial, con el propósito de garantizar el eventual pago de las indemnizaciones que solicitan.
Reclaman al menos US$150 millones
CRC solicita al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York una compensación económica de no menos de 150 millones de dólares, además de intereses y honorarios legales.
La cifra supera ampliamente los 36 millones de dólares pagados inicialmente por la adquisición de Finsocial y está relacionada con las pérdidas y daños que los demandantes atribuyen al supuesto esquema.
El proceso apenas comienza y será el tribunal estadounidense el encargado de determinar qué acusaciones logran ser demostradas y cuáles no.
Por ahora, la demanda constituye la principal fuente de estos señalamientos y no equivale a una decisión definitiva de responsabilidad.
Un nuevo frente judicial para Botero
El litigio en Estados Unidos representa un nuevo capítulo en las controversias judiciales que rodean al empresario y excandidato presidencial.
La demanda también hace referencia a investigaciones que, según el documento, se adelantarían en Colombia relacionadas con otras actividades empresariales de Botero.
Sin embargo, esos procesos son independientes del litigio civil que actualmente se tramita en Nueva York y deberán ser analizados de manera separada.
La disputa por Finsocial adquiere especial relevancia debido al monto reclamado, la participación de inversionistas institucionales estadounidenses y el hecho de que parte de las operaciones señaladas habría utilizado el sistema financiero de Estados Unidos.
El caso tendrá ahora que avanzar ante la justicia federal de Nueva York, donde las partes deberán presentar sus argumentos y pruebas. Será durante ese proceso donde se establezca si las acusaciones formuladas por CRC tienen sustento suficiente y, eventualmente, si existe responsabilidad civil por los daños que reclama la compañía.
Hasta que exista una decisión judicial, los señalamientos contra Santiago Botero deben entenderse como alegaciones de la parte demandante dentro de un proceso en curso, y no como hechos judicialmente probados.
