El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, registra su primer cambio de alto nivel tras la llegada del nuevo Gobierno. Se trata del coronel Rolando Antonio Ramírez, quien salió de la Dirección de Custodia y Vigilancia de la entidad.
La salida de Ramírez cobra especial relevancia porque el oficial habría sido el encargado de firmar la resolución que permitió el traslado de nueve privados de la libertad para participar en el denominado ‘tarimazo’ realizado en Medellín.
Ramírez era, además, considerado uno de los funcionarios más cercanos al director general del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, quien recientemente fue ratificado en su cargo por el nuevo Gobierno.
La resolución que desató la polémica
El caso se remonta al 19 de junio de 2025, cuando Ramírez firmó la resolución 0005208, mediante la cual se ordenó el traslado de nueve presos desde la cárcel de alta y mediana seguridad La Paz hasta la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.
El traslado tenía como objetivo permitir la participación de los privados de la libertad en un acto de Gobierno programado para el 21 de junio.
El evento posteriormente fue conocido como el ‘tarimazo’ y estaba relacionado con los acercamientos de la Estrategia de Construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, proceso liderado por la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta.
Los nombres que estuvieron en el centro de la polémica
Entre los privados de la libertad trasladados para el evento se encontraban reconocidos integrantes de estructuras criminales, entre ellos alias Juan 23, Alber Antonio Henao, alias Tom, alias Pesebre, alias Saya, alias Calambre, alias Douglas, Walter Román y Dayron Muñoz.
Primer movimiento de alto nivel en el Inpec
La salida de Ramírez representa el primer cambio importante conocido dentro del Inpec desde la llegada del nuevo Gobierno.
El movimiento también llama la atención por la cercanía que mantenía el coronel con Daniel Gutiérrez, quien continuará al frente de la institución.
Por ahora, la salida de Ramírez pone nuevamente bajo la lupa la polémica resolución relacionada con el ‘tarimazo’ y las decisiones tomadas alrededor del traslado de los nueve privados de la libertad.
El cambio se produce en un momento en el que el manejo de los centros penitenciarios y las decisiones administrativas del Inpec vuelven a estar bajo atención pública.
