La audiencia, que había sido aplazada previamente, también cobijará a Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán, hijo del dirigente político William Ortega Rojas; y Vanessa Álvarez Restrepo, quien fue asesora jurídica del Área Metropolitana y posteriormente secretaria de Medio Ambiente de Medellín.
Con estas cuatro nuevas imputaciones, el número de personas vinculadas formalmente a los diferentes procesos por presunta corrupción relacionados con la administración de Daniel Quintero ascendería a 59.
Uno de los principales puntos de la diligencia será la solicitud de medida de aseguramiento. Según lo anunciado por el ente acusador, la Fiscalía pedirá que Miguel Quintero y Álvaro Villada sean enviados a un centro carcelario.
Para los otros dos procesados, hasta ahora no se ha conocido que la Fiscalía pretenda solicitar una medida de aseguramiento de las mismas características.
Durante la audiencia, el ente investigador deberá exponer los delitos que atribuye a cada uno de los cuatro investigados, los elementos materiales probatorios que sustentan sus señalamientos y las razones por las cuales considera necesaria la imposición de medidas restrictivas de la libertad.
El nombre de Miguel Quintero ya había aparecido en el expediente
Aunque esta será la primera imputación formal contra Miguel Quintero dentro de este caso, su nombre ya había sido mencionado durante anteriores audiencias relacionadas con la investigación sobre el Área Metropolitana.
En el proceso contra el exdirector de esa entidad, Juan David Palacio Cardona, la Fiscalía hizo referencia a una posible intervención de personas externas a la estructura formal del Área Metropolitana en decisiones relacionadas con contratación y nombramientos.
En esas diligencias también se expusieron elementos de la hipótesis investigativa sobre el posible destino de recursos provenientes de los contratos celebrados con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Sin embargo, las referencias realizadas durante esas audiencias hacen parte de la hipótesis de investigación y no constituyen, por sí mismas, una condena o una declaración de responsabilidad contra Miguel Quintero.
Contratos por más de $18.000 millones
El expediente está relacionado con seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 por un valor conjunto cercano a los $18.656 millones.
Los acuerdos estaban destinados a actividades relacionadas con gestión del riesgo, atención de emergencias, control de incendios, emergencias ambientales y fortalecimiento de las capacidades operativas para responder ante diferentes situaciones.
De acuerdo con la teoría del caso que la Fiscalía ha presentado en actuaciones anteriores, el presunto esquema habría permitido una apropiación cercana a los $2.481 millones.
El organismo investigador ha cuestionado aspectos relacionados con la modalidad de contratación, la ejecución de los recursos, posibles sobrecostos y el uso de documentos que habrían servido como soporte para justificar determinados gastos.
Un condenado ya colabora con la justicia
La imputación de los cuatro nuevos investigados se produce después de que Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, fuera condenado por hechos relacionados con el expediente.
Cardona recibió una condena de 19 meses de prisión luego de que un juzgado avalara un preacuerdo con la Fiscalía.
Durante la audiencia en la que se formalizó el acuerdo, reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas por su participación en los hechos relacionados con documentos utilizados durante la ejecución contractual.
El exfuncionario aceptó responsabilidad por falsedades en documentos privados relacionadas con 15 soportes utilizados dentro de la ejecución de los contratos y posteriormente comenzó a colaborar con la Fiscalía, entregando información sobre el presunto funcionamiento del esquema investigado.
Otros vinculados al proceso también han recurrido a mecanismos de colaboración con la justicia. Entre ellos aparecen María Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, quienes solicitaron principios de oportunidad.
También figura Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirectivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien inicialmente estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario y posteriormente pasó a detención domiciliaria dentro de su proceso de colaboración.
Según la información conocida del expediente, Cadavid se encuentra actualmente bajo un programa de protección a testigos mientras continúa suministrando información a las autoridades.
La audiencia de este martes será clave para conocer los cargos que formalmente formulará la Fiscalía contra Miguel Quintero y los otros tres investigados, así como los argumentos con los que el ente acusador sustentará la solicitud de cárcel para Quintero y Álvaro Villada.
Los señalamientos hacen parte de una investigación en curso y la responsabilidad penal de los procesados deberá ser determinada por las autoridades judiciales mediante las decisiones correspondientes.
