La denuncia fue presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas, que solicitó investigar a la jefa del ente acusador por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.
El caso se originó a partir de las declaraciones entregadas, en las que afirmó que Camargo le habría dado una instrucción directa para retirar el delito de lavado de activos del proceso que se adelantaba contra Nicolás Petro y sustituirlo por enriquecimiento ilícito.
Según el relato de la exfuncionaria, la supuesta instrucción habría sido impartida durante una reunión realizada en el despacho de la fiscal general, en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.
En ese encuentro, de acuerdo con Laborde, participaron además Aura Liliana Trujillo, delegada de la Fiscalía; Gilberto Javier Guerrero, entonces vicefiscal, y Alexandra Ladino, quien para ese momento estaba al frente de la Dirección de Lavado de Activos.
Laborde aseguró que durante la reunión Camargo le preguntó cómo veía el delito de lavado de activos dentro del proceso contra Nicolás Petro.
La exfiscal sostuvo que respondió que sí existían elementos para mantener dicha imputación. Posteriormente, según su versión, la fiscal general le habría preguntado por qué no retiraba ese delito y dejaba únicamente el de enriquecimiento ilícito.
Uno de los aspectos que, según Laborde, habría generado preocupación durante la reunión era la eventual inclusión de Nicolás Petro en la lista OFAC, conocida popularmente como Lista Clinton, en caso de que se mantuviera la acusación por lavado de activos.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Cámara, estos señalamientos deberán ser verificados mediante una investigación formal y con respeto por las garantías procesales de todos los involucrados.
La Red de Veedurías Ciudadanas pidió que se establezca si existió algún tipo de injerencia indebida de la fiscal general en el proceso y si las actuaciones denunciadas pudieron afectar el normal desarrollo de la investigación penal.
La organización también solicitó que se adelante una investigación disciplinaria contra Camargo por los mismos hechos.
La denuncia fue radicada ante la Comisión de Acusaciones, cuyo presidente, Carlos Cuenca Chaux, recibió la solicitud para determinar si existen elementos que ameriten la apertura de una actuación contra la fiscal general.
Camargo, por su parte, negó públicamente los señalamientos realizados por la exfiscal Laborde. La fiscal general sostuvo que las acusaciones no corresponden a la realidad, por lo que será la autoridad competente la encargada de establecer qué ocurrió durante las reuniones mencionadas.
La controversia se suma a la situación jurídica de Nicolás Petro, cuyo proceso penal continúa en los tribunales de Barranquilla. El exdiputado del Atlántico se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior del Atlántico defina aspectos relacionados con las pruebas que serán utilizadas durante el juicio.
El proceso está relacionado con los recursos que Nicolás Petro habría recibido durante el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2022 y con la presunta adquisición de bienes y movimientos de dinero que la Fiscalía considera que no estarían plenamente justificados.
La exfiscal Laborde fue apartada posteriormente del proceso y Juan Martín Parada asumió la conducción del expediente.
Ahora, con la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones, la discusión deja de estar únicamente en el ámbito de la Fiscalía y pasa también al escenario institucional encargado de examinar las actuaciones de altos funcionarios del Estado.
La investigación deberá determinar si las afirmaciones de Laborde cuentan con elementos que permitan establecer una eventual presión sobre el proceso y, especialmente, si hubo una instrucción para modificar la acusación contra Nicolás Petro.
Por ahora, los señalamientos hacen parte de una denuncia que deberá ser evaluada por las autoridades competentes, mientras la Fiscalía general mantiene su posición de negar las acusaciones.
