Una nueva controversia se abrió alrededor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El presidente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, presentó una denuncia penal contra el director de la entidad, Wilmar Mejía, a quien señala de presuntamente haber excedido sus funciones y utilizar información de inteligencia financiera para realizar actuaciones que, según la defensa, no estarían dentro de sus competencias.
La denuncia fue presentada por medio del abogado Julián Quintana y contempla, entre otros, los presuntos delitos de abuso de función pública, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, revelación de secreto y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.
El punto central de la controversia está relacionado con un informe elaborado por la UIAF sobre movimientos financieros que, según la entidad, permitirían identificar un posible entramado para desviar recursos destinados al sistema de salud.
La defensa de González sostiene que Mejía no se habría limitado a realizar las labores de análisis financiero propias de la UIAF, sino que habría divulgado públicamente parte del contenido de un informe de inteligencia, atribuido delitos a determinadas personas, señaló presuntos responsables, involucró a familiares y solicitó actuaciones a otras autoridades.
Según la denuncia, esas actuaciones plantearían interrogantes sobre los límites de las competencias del director de la UIAF y sobre el manejo que debe darse a información sometida a reserva.
El caso adquiere especial relevancia porque la propia UIAF había anunciado en junio que tenía identificados a 168 actores, entre personas y empresas, que presuntamente estarían relacionados con maniobras para desviar recursos del sistema de salud. La entidad aseguró entonces que llevaría la información ante la Fiscalía para que se adelantaran las investigaciones correspondientes.
En ese momento, Mejía habló públicamente de la existencia de un supuesto “entramado criminal” dentro del sistema de salud y explicó que los análisis financieros habían permitido detectar operaciones que, a juicio de la entidad, ameritaban ser puestas en conocimiento de las autoridades judiciales.
Coosalud quedó involucrada en ese escenario debido a que la EPS fue mencionada dentro de las investigaciones de la UIAF. La situación generó una fuerte discusión entre la entidad y el Gobierno, mientras avanzaban las actuaciones relacionadas con el destino de los recursos públicos destinados a la salud.
La defensa del presidente de Coosalud cuestiona particularmente la forma en que se habría utilizado y divulgado la información obtenida mediante inteligencia financiera. El argumento consiste en que una cosa es entregar información a las autoridades competentes para que estas adelanten las investigaciones y otra, distinta, sería atribuir públicamente responsabilidades o solicitar determinadas actuaciones sin contar con las facultades legales para hacerlo.
La denuncia deberá ser analizada ahora por la Fiscalía General de la Nación, que tendrá que establecer si los hechos descritos tienen relevancia penal y si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.
Por su parte, la trayectoria de Mejía también ha estado rodeada de controversias. El funcionario asumió la dirección de la UIAF en abril de 2026, después de haber ocupado cargos relacionados con inteligencia. La propia UIAF confirma que desde ese mes ejerce como director general de la entidad.
Antes de llegar a la UIAF, Mejía estuvo vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Su nombre había aparecido además en investigaciones relacionadas con información encontrada en dispositivos incautados a estructuras de las disidencias de las Farc, específicamente en el caso de alias ‘Calarcá Córdoba’. El funcionario ha negado vínculos con esas organizaciones y la Procuraduría había iniciado una investigación sobre el asunto.
Ahora, la denuncia presentada por Coosalud abre un nuevo frente para el funcionario, esta vez relacionado directamente con el ejercicio de sus funciones al frente de la unidad encargada de recopilar y analizar información financiera asociada con posibles operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos económicos.
Uno de los elementos que deberá establecer la Fiscalía es hasta dónde podía llegar la actuación de Mejía al momento de divulgar los resultados del análisis financiero y qué información estaba cobijada por reserva.
También será necesario determinar si las afirmaciones realizadas públicamente por el director de la UIAF corresponden a conclusiones propias de un análisis financiero que podía ser comunicado a las autoridades o si, como sostiene la defensa, se produjo una extralimitación de funciones.
La controversia se suma a la creciente disputa alrededor del manejo de los recursos del sistema de salud. El Gobierno ha defendido las investigaciones de la UIAF y ha señalado que existen indicios que deben ser examinados por la justicia, mientras que los sectores señalados han cuestionado la forma en que se han divulgado algunos de los hallazgos.
La denuncia de González no determina, por sí misma, que Mejía haya cometido un delito. Será la Fiscalía la encargada de verificar los hechos, recopilar las pruebas y establecer si existe mérito para avanzar hacia una investigación penal.
El proceso también pondrá bajo la lupa los protocolos de reserva que deben aplicarse a los informes de inteligencia financiera y la manera en que sus resultados pueden ser trasladados a otras instituciones sin afectar los derechos de las personas mencionadas.
Por ahora, la disputa queda planteada en dos posiciones enfrentadas: mientras la UIAF sostiene que sus investigaciones permitieron detectar movimientos financieros que ameritan ser investigados por la justicia, la defensa del presidente de Coosalud considera que el director de la entidad habría cruzado los límites de sus competencias al divulgar información reservada y atribuir responsabilidades.
La Fiscalía tendrá la última palabra sobre si esas actuaciones constituyen únicamente una controversia administrativa o si, por el contrario, pueden configurar los delitos denunciados.
