Las primeras decisiones de la nueva administración de la Superintendencia de Notariado y Registro comienzan a poner bajo revisión algunos de los nombramientos realizados durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. Uno de los casos que ya tuvo una actuación concreta corresponde a la Notaría 78 de Bogotá, donde se suspendió un procedimiento que era necesario para que la nueva titular pudiera asumir formalmente el cargo.
La medida fue adoptada después de la llegada de Joaquín José Méndez Llach a la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad que quedó bajo una nueva conducción con el cambio de Gobierno.
De acuerdo con un documento conocido sobre el caso, Germán Humberto Medellín, director encargado de Vigilancia y Control Notarial, ordenó suspender una visita especial a la Notaría 78 de Bogotá. Este procedimiento hacía parte de los pasos requeridos para formalizar el proceso de entrega y permitir la posesión de la persona designada para ocupar el cargo.
El nombramiento que quedó en pausa corresponde a Efvanni Paola Palmariny, exfuncionaria de Colpensiones, cuya designación había sido firmada durante la administración anterior.
Palmariny ha sido relacionada públicamente con el exdirector de Colpensiones Jaime Dussán, uno de los funcionarios identificados con el gobierno Petro. Sin embargo, la propia designada ha rechazado que exista una relación personal o política con el exfuncionario y ha sostenido que el vínculo entre ambos fue exclusivamente laboral.
Según sus declaraciones, ella presentó su hoja de vida para aspirar al cargo, posteriormente se verificaron los requisitos y finalmente fue avalada para el nombramiento. También aseguró que el procedimiento utilizado para su designación no habría sido exclusivo de su caso y que bajo ese mecanismo fueron nombrados más de 30 notarios.
El caso de la Notaría 78 ya había generado controversia por la situación de Luz Mary Hoyos, quien se encontraba al frente de esa oficina y no habría podido realizar la entrega formal del cargo debido a complicaciones de salud. Esa circunstancia terminó convirtiéndose en uno de los puntos de discusión alrededor del empalme entre la administración saliente y la nueva dirección de la Superintendencia.
Ahora, la suspensión de la visita especial abre un nuevo capítulo sobre el futuro del nombramiento de Palmariny y sobre la manera como la actual administración está examinando las decisiones adoptadas antes del cambio de Gobierno.
Pero el caso de la Notaría 78 no sería el único que está bajo la lupa.
En la Superintendencia circulan versiones según las cuales la nueva administración estaría revisando otras designaciones realizadas durante los últimos días del gobierno Petro, especialmente aquellas que despertaron cuestionamientos por los vínculos políticos, laborales o familiares de las personas escogidas.
Entre los casos que han generado discusión aparece la Notaría 74 de Bogotá, donde fue designada Íngrid Paola Ortiz. La nueva notaria es esposa de Camilo Andrés Pardo, quien había sido designado secretario de la Agencia Nacional de Infraestructura durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Pardo, sin embargo, permaneció apenas dos días en el cargo y presentó su renuncia después de que salieran a la luz cuestionamientos relacionados con sus vínculos con sectores cercanos al petrismo.
Otra designación que generó debate fue la de la Notaría 2 de Soacha, que quedó en manos del exsenador Inti Asprilla, dirigente político identificado con el sector del antiguo gobierno.
También llamó la atención el nombramiento de Jacobo Torres Amaya en la Notaría 82 de Bogotá, una oficina recientemente creada y ubicada en el sector de San Victorino.
Ese caso también tuvo repercusiones políticas. La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, aseguró que comerciantes de la zona le habían solicitado gestionar la creación de la notaría, argumento que fue utilizado para explicar el origen de la nueva oficina.
Los cuestionamientos tampoco se limitaron a Bogotá.
En Bucaramanga, la abogada Tatiana Arévalo Uribe fue designada como titular de la Notaría 9. Su nombre quedó relacionado con Nicolás Corso Salamanca, quien fue presidente de la Central de Inversiones, Cisa, durante el gobierno de Petro y previamente había trabajado en la administración distrital de Bogotá.
La cadena de nombramientos se produjo durante la etapa final del gobierno anterior y provocó críticas de sectores que cuestionaron la oportunidad y el procedimiento utilizado para ocupar varias oficinas notariales.
El tema tomó todavía más fuerza debido a que algunos de los decretos fueron expedidos prácticamente al cierre de la administración Petro, cuando ya estaba en marcha la transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella.
La nueva Superintendencia tendrá ahora que determinar si cada una de esas designaciones cumplió con los requisitos legales y administrativos correspondientes y si existen razones para mantener, suspender o revisar los procesos.
Por ahora, el único caso con una actuación formal conocida es el de la Notaría 78 de Bogotá, donde se suspendió la visita especial. Esto significa que no puede afirmarse que los demás nombramientos hayan sido anulados o suspendidos, aunque sí existe interés de la nueva administración en examinar algunas de esas decisiones.
El asunto también pone nuevamente en el centro del debate el manejo de las notarías durante los cambios de Gobierno. Estas oficinas, además de cumplir funciones de carácter público, históricamente han estado rodeadas de controversias políticas por la forma en que se designan sus titulares.
La discusión gira ahora en torno a si los últimos nombramientos del gobierno Petro respondieron exclusivamente a criterios jurídicos y administrativos o si algunos pudieron estar influenciados por relaciones políticas o personales.
En el caso de Palmariny, será necesario esperar el desarrollo de las actuaciones de la Superintendencia para establecer qué ocurrirá con su designación en la Notaría 78.
Mientras tanto, el nuevo superintendente Joaquín José Méndez Llach enfrenta uno de los primeros asuntos sensibles de su gestión: revisar el estado de varios nombramientos realizados al final de la anterior administración sin afectar los procedimientos que hayan cumplido plenamente con las normas.
La revisión podría ampliar el debate sobre las llamadas “notarías de última hora” y convertirse en uno de los primeros choques administrativos entre la nueva administración y las decisiones adoptadas durante el cierre del gobierno anterior.
