Desde Barranquilla, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, anunció nuevas acciones frente a la compleja situación energética que atraviesa el país y convocó a los principales actores del sector a una mesa de trabajo en Bogotá.
El encuentro se realizará el próximo miércoles y contará con la participación de gremios, empresarios privados y representantes de entidades públicas vinculadas a la generación, distribución y comercialización de energía.
Eljach fue enfático al señalar que el país necesita pasar de los diagnósticos a las soluciones. Por ello, aseguró que en la reunión no está interesado en recibir “más quejas o diagnóstico”, sino únicamente “propuestas de solución” que permitan enfrentar los problemas estructurales del sector energético.
La convocatoria se da en medio de las dificultades que enfrenta el sistema eléctrico colombiano y de las preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad financiera de algunas empresas encargadas de prestar el servicio.
La Procuraduría también puso bajo la lupa el proceso de intervención de Air-e, empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El jefe del Ministerio Público reveló que se analiza la posibilidad de establecer un protocolo de investigación sobre la gestión de los seis agentes interventores que han pasado por Air-e, con el propósito de determinar cuáles fueron los resultados concretos de cada administración y establecer si las decisiones adoptadas contribuyeron a solucionar o profundizar la crisis de la compañía.
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“El objetivo de una intervención es salvar la empresa y no quebrarla”, sostuvo Eljach, al explicar la preocupación del organismo de control por los resultados obtenidos durante los procesos de intervención.
La revisión buscaría establecer qué ocurrió durante las diferentes etapas administrativas y cuáles fueron los avances, dificultades y decisiones adoptadas por quienes estuvieron al frente de la compañía.
Procuraduría advierte con sanciones a funcionarios
Otro de los anuncios realizados desde Barranquilla tiene que ver con las entidades públicas que mantienen deudas por concepto de servicios públicos.
Según explicó Eljach, a partir de este jueves la Procuraduría podrá adelantar actuaciones disciplinarias que podrían llevar incluso a la destitución de representantes legales de establecimientos públicos que se nieguen a pagar las obligaciones por servicios públicos, incluso cuando se trate de entidades pertenecientes al orden nacional.
El procurador aseguró que estas medidas no requieren una aprobación del Congreso y que buscan generar una advertencia directa a los funcionarios responsables de administrar recursos públicos.
La intención es que las entidades estatales cumplan oportunamente con sus obligaciones y que las deudas acumuladas no terminen trasladando mayores dificultades financieras a las empresas encargadas de prestar los servicios.
La advertencia cobra especial relevancia en el caso del sector energético, donde las obligaciones pendientes de diferentes usuarios y entidades hacen parte de los factores que afectan el flujo de recursos de las compañías.
Una mesa para buscar salidas a la crisis
El encuentro convocado para la próxima semana pretende reunir en un mismo espacio a los diferentes sectores que intervienen en la cadena energética, desde los generadores hasta los distribuidores y comercializadores.
La Procuraduría espera que de esta reunión surjan propuestas concretas para atender los problemas que enfrenta el sistema y definir responsabilidades entre los distintos actores.
Desde Barranquilla, Eljach dejó claro que el Ministerio Público mantendrá la vigilancia sobre las empresas intervenidas y sobre los funcionarios públicos que tengan responsabilidades relacionadas con el pago de los servicios.
La revisión de la gestión de los interventores de Air-e y las posibles sanciones a funcionarios que incumplan sus obligaciones forman parte de una estrategia con la que la Procuraduría busca ejercer mayor control sobre un sector considerado estratégico para el funcionamiento del país.
