La revelación se produjo luego de que se conocieran audios de una reunión sostenida en julio de 2025 entre Lemus y Manuel Antonio Castañeda, conocido como el “Narcochofer”, quien habría actuado como intermediario de personas relacionadas con estructuras delictivas.
En entrevista con SEMANA, Lemus confirmó que desde la inteligencia estatal se planteaban este tipo de ofrecimientos con el propósito de obtener información considerada de interés para la seguridad nacional. Sin embargo, aseguró que las promesas no llegaron a concretarse.
“Uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar, esperando que ellos den la información”, explicó el exfuncionario.
Lemus sostuvo que, pese a que en algunos casos se hablaba de la posibilidad de gestionar bienes ante la SAE, nunca realizó las gestiones correspondientes ante esa entidad y ningún inmueble fue finalmente entregado.
El exdirector de la DNI también reconoció que este tipo de ofrecimientos no hacía parte de sus competencias. Según su versión, las conversaciones buscaban generar acercamientos con fuentes que pudieran aportar información sobre estructuras criminales.
El caso tomó especial relevancia por el contenido de los audios divulgados, en los que se mencionan supuestos compromisos relacionados con bienes de la SAE e incluso con la posibilidad de frenar capturas. Lemus aseguró que no habló con Augusto Rodríguez, entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sobre esos asuntos.
Al ser consultado sobre si dentro de las funciones de la DNI estaba ofrecer bienes de la SAE a cambio de información, su respuesta fue contundente: “No, para nada, nunca”.
Sin embargo, el exdirector sí confirmó que durante su administración se realizaron pagos a fuentes de inteligencia. Aclaró que no se trataba de recompensas en el sentido utilizado por la Fuerza Pública, sino de pagos a informantes que suministraban información.
“Hubo pagos a fuentes. Recompensas paga el Ejército”, manifestó.
Según Lemus, entre las personas que recibían estos pagos había fuentes vinculadas con grupos guerrilleros y estructuras de delincuencia organizada, cuyo aporte era utilizado para mantener informada a la DNI sobre actividades consideradas de interés para la seguridad nacional.
La controversia vuelve a poner bajo escrutinio las actuaciones de los organismos de inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro y, particularmente, los mecanismos utilizados para establecer contactos con organizaciones armadas y criminales en medio de la política de Paz Total.
Las autoridades de control deberán establecer ahora si los ofrecimientos mencionados en las grabaciones se ajustaron a las competencias legales de los funcionarios involucrados y si existieron actuaciones que pudieran constituir irregularidades administrativas o conductas de carácter penal.
