La decisión fue adoptada por el Ministerio de Ambiente, encabezado por Fabio Arjona, que encontró presuntas irregularidades en el procedimiento adelantado por la anterior administración y anunció que el proceso deberá comenzar nuevamente bajo condiciones que garanticen la participación de las comunidades y el debido proceso.
La medida estaba contenida en la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, expedida cuando faltaban menos de 24 horas para finalizar el gobierno de Petro. Con ella se establecía una reserva de recursos naturales renovables de carácter definitivo en un área ubicada por fuera de los límites del Páramo de Santurbán.
Ahora, mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, el Ministerio de Ambiente dejó sin efectos esa determinación.
La cartera explicó que la revocatoria también responde a las órdenes impartidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que ordenó reiniciar el trámite luego de advertir posibles vulneraciones a derechos fundamentales de habitantes de California, Santander.
Uno de los puntos centrales de la controversia está relacionado con la consulta pública realizada durante el proceso. Según el Ministerio, el fallo judicial determinó que dicha actuación debía quedar sin efectos y que el procedimiento tenía que retomarse para garantizar condiciones adecuadas de participación ciudadana.
A esto se suma otro elemento señalado por el Gobierno: al momento de expedirse la resolución del 6 de agosto existía una acción de tutela admitida y se encontraba pendiente una recusación contra quien ejercía como ministra encargada. La nueva administración sostiene que estas circunstancias tenían incidencia sobre la actuación administrativa.
Con la revocatoria, las medidas establecidas mediante la Resolución 0994 dejan de tener vigencia y las 1.499 hectáreas de la microcuenca de La Baja regresan al escenario previo a esa decisión.
Sin embargo, el Gobierno insiste en que esto no significa renunciar a la protección ambiental de Santurbán.
El Ministerio de Ambiente anunció que realizará una nueva evaluación técnica y jurídica para determinar cuáles deben ser las medidas de protección para la microcuenca. La intención, según la entidad, es que cualquier decisión definitiva tenga respaldo científico, seguridad jurídica y participación efectiva de las comunidades involucradas.
Santurbán constituye además una zona estratégica por su importancia hídrica y ambiental. El Ministerio señala que el complejo abastece de agua a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander y alberga ecosistemas considerados fundamentales para la biodiversidad.
La decisión del Gobierno de De La Espriella vuelve a poner sobre la mesa una de las discusiones ambientales más sensibles de Santander: cómo garantizar la protección de las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos sin desconocer los derechos de las comunidades que habitan los territorios.
Por ahora, la resolución expedida durante las últimas horas del gobierno Petro queda atrás y se abre un nuevo capítulo para La Baja y Santurbán.
El Ministerio tendrá ahora que reconstruir el procedimiento y demostrar que las futuras decisiones cumplen tanto con las exigencias ambientales como con las garantías jurídicas y de participación ciudadana.
¿Por qué el Gobierno Petro expidió la resolución sobre La Baja a menos de 24 horas de terminar su mandato, pese a las actuaciones judiciales que estaban en curso?
¿El nuevo proceso logrará conciliar la protección del agua y la biodiversidad de Santurbán con las reclamaciones de las comunidades de California?
