Un nuevo capítulo del informe elaborado por el equipo de empalme anticorrupción del Gobierno de Abelardo De La Espriella pone la lupa sobre el manejo de los recursos destinados al sector salud durante la administración de Gustavo Petro. El documento advierte sobre millonarios giros para equipos básicos de atención primaria y cuestiona la falta de mecanismos que permitan establecer qué resultados concretos produjeron esas inversiones.
De acuerdo con el informe, entre el último trimestre de 2022 y junio de 2026 se habrían asignado más de $6,8 billones para financiar equipos básicos de salud en diferentes regiones del país. La principal preocupación expuesta por el equipo de empalme es que, pese al volumen de recursos comprometidos, no existirían indicadores suficientes que permitan medir de manera verificable el impacto de esa política pública.
El señalamiento es especialmente relevante porque los equipos básicos de salud fueron una de las principales apuestas del gobierno Petro para fortalecer la atención primaria y acercar médicos, enfermeros y otros profesionales a comunidades rurales, apartadas y con dificultades para acceder al sistema.
Según el documento, el problema no estaría únicamente en la cantidad de dinero ejecutada, sino en la ausencia de información que permita determinar qué se consiguió con esos recursos.
El equipo de empalme cuestionó que, mientras se destinaban billones de pesos a esta estrategia, el sistema de salud atravesaba dificultades financieras, retrasos en la prestación de servicios y problemas relacionados con la entrega de medicamentos.
La investigación sostiene que la administración saliente puede establecer cuánto dinero destinó al programa, pero tendría dificultades para demostrar con precisión cómo esos recursos se tradujeron en mejoras concretas para los usuarios.
Otro de los puntos incluidos en el informe está relacionado con la vigilancia sobre la ejecución de los recursos. Según el documento, la Superintendencia Nacional de Salud no habría presentado información suficiente que permita establecer el resultado de las inversiones realizadas en los equipos básicos.
Para el equipo de De La Espriella, la ausencia de seguimiento, indicadores de impacto y mecanismos claros de rendición de cuentas constituye una de las principales alertas encontradas durante el proceso de empalme.
A esto se suma otro movimiento presupuestal que quedó registrado en el informe. El 29 de diciembre de 2025, apenas tres días antes del cierre de la vigencia fiscal, el Ministerio de Salud habría viabilizado y asignado más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria.
El documento cuestiona que esas decisiones se hubieran tomado, según sus hallazgos, sin contar previamente con estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra plenamente establecidos.
La cercanía entre la asignación de los recursos y el cierre de la vigencia fiscal es presentada por el equipo de empalme como otro de los aspectos que deberán ser revisados por los organismos de control.
El informe también pone el foco sobre la situación de las EPS intervenidas. De acuerdo con cifras atribuidas a la propia Superintendencia de Salud, entre 2022 y lo corrido de 2026 se habrían acumulado más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos relacionados con estas entidades.
De ese universo, 645.794 estarían relacionadas específicamente con la falta de entrega de medicamentos, una cifra que el equipo de empalme utiliza para cuestionar las condiciones en las que se encontraba el sistema mientras se destinaban millonarios recursos a diferentes programas y proyectos.
Los hallazgos hacen parte del denominado ‘Libro de la Verdad’, documento en el que el nuevo gobierno recopila 23 casos que considera de especial relevancia y que serán puestos en conocimiento de los organismos de control para determinar si existieron irregularidades administrativas, fiscales o eventualmente penales.
Por ahora, los señalamientos corresponden a los hallazgos y cuestionamientos formulados por el equipo de empalme anticorrupción. La determinación de eventuales responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, que deberán establecer si hubo irregularidades en la asignación, ejecución, seguimiento o vigilancia de los recursos.
El caso de los $6,8 billones destinados a equipos básicos de salud se convierte así en uno de los capítulos más sensibles del informe, debido a la magnitud de los recursos involucrados y a la pregunta que queda planteada: cuánto de ese dinero terminó convirtiéndose efectivamente en una mejor atención para los colombianos.
