Una versión revelada este martes por el periodista Julio Sánchez Cristo encendió las alarmas en el ámbito jurídico y diplomático colombiano: Colombia estaría evaluando abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) y denunciar el Estatuto de Roma.
La información fue divulgada durante la emisión de 6AM W de Caracol Radio, donde Sánchez Cristo aseguró que, según fuentes consultadas en La Haya, la salida de Colombia del organismo internacional sería considerada prácticamente segura. Sin embargo, hasta el momento, se trata de una versión extraoficial y no de un anuncio formal del Gobierno colombiano.
El eventual retiro tendría profundas implicaciones para el país, debido al papel que la CPI desempeña dentro del sistema internacional de justicia penal y a su relación con investigaciones sobre crímenes de competencia de ese tribunal.
¿Qué significaría abandonar el Estatuto de Roma?
Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma, instrumento mediante el cual se estableció la Corte Penal Internacional.
La salida, además, no sería inmediata.
El propio Estatuto establece en su artículo 127 que un Estado puede denunciarlo mediante una notificación escrita dirigida al secretario general de Naciones Unidas, pero la denuncia solamente produce efectos un año después de que dicha notificación sea recibida.
Esto significa que, incluso si Colombia decidiera iniciar formalmente el proceso, no podría simplemente retirarse de un día para otro.
Además, el retiro no eliminaría automáticamente las obligaciones adquiridas mientras el país continúe siendo parte del tratado.
El Estatuto establece expresamente que la denuncia no impide que la CPI continúe examinando asuntos que ya estuvieran bajo su consideración antes de que el retiro entre en vigor, ni afecta determinadas obligaciones de cooperación relacionadas con investigaciones y procesos iniciados previamente.
La JEP aparece en el centro de la discusión
Uno de los puntos que generó mayor controversia en el análisis de Sánchez Cristo está relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
El periodista planteó que la eventual salida de Colombia podría generar preocupación entre sectores que consideran a la CPI como una instancia internacional de referencia frente a posibles incumplimientos o demoras en procesos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.
En particular, mencionó a antiguos integrantes de las FARC que permanecen sometidos a la JEP y que eventualmente podrían acudir a escenarios internacionales dependiendo de las circunstancias de cada caso.
No obstante, la relación entre la JEP y la CPI es jurídicamente más compleja que considerar a la Corte como una simple instancia de apelación. La CPI tiene competencias y condiciones propias, por lo que una eventual salida del Estatuto no significa automáticamente que desaparezcan todos los mecanismos internacionales relacionados con hechos anteriores.
¿Por qué estaría Colombia considerando la salida?
En su intervención, Sánchez Cristo relacionó la versión con el escenario internacional y con las posiciones de Colombia frente al conflicto de Oriente Medio y las decisiones adoptadas alrededor de Israel y los territorios palestinos.
El periodista también mencionó que la eventual decisión podría estar vinculada con posiciones diplomáticas del Gobierno y con la relación de Colombia con diferentes actores internacionales.
Sin embargo, no existe hasta ahora una explicación oficial del Gobierno que confirme las razones de una eventual denuncia del Estatuto de Roma.
Por eso, cualquier conclusión sobre las motivaciones concretas de una eventual salida debe manejarse con cautela hasta que exista una comunicación formal de la Cancillería o del Ejecutivo.
El retiro tendría un proceso internacional
Sánchez Cristo también advirtió sobre un elemento clave: Colombia no podría simplemente anunciar su salida y quedar inmediatamente por fuera de la jurisdicción de la CPI.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, existe un procedimiento formal y un periodo de un año antes de que la denuncia produzca efectos. Además, durante ese periodo el país continúa siendo Estado Parte y mantiene sus obligaciones.
El artículo 127 también establece que el retiro no impide que la Corte continúe con asuntos que ya estuvieran siendo examinados antes de la entrada en vigor de la denuncia.
Por esa razón, una eventual decisión colombiana abriría un complejo escenario jurídico, diplomático y político.
Una versión que ahora exige confirmación oficial
La información divulgada por 6AM W representa, por ahora, una alerta periodística basada en fuentes extraoficiales, no una decisión oficialmente anunciada por el Estado colombiano.
El próximo paso será determinar si la Cancillería, la Presidencia o alguna otra autoridad confirma que existe realmente una iniciativa para denunciar el Estatuto de Roma.
De concretarse, Colombia entraría en un proceso de al menos un año antes de que el retiro tuviera efectos, y los asuntos que ya estuvieran bajo consideración de la CPI no desaparecerían automáticamente con la denuncia.
La posibilidad, de confirmarse, tendría repercusiones que irían mucho más allá del debate político interno: afectaría la relación de Colombia con uno de los principales mecanismos internacionales de justicia penal y abriría una discusión de fondo sobre la política de derechos humanos, la justicia transicional y los compromisos internacionales del país.
