La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cuatro funcionarios y contratistas por presuntas irregularidades en la contratación de recursos del Presupuesto Participativo y Planeación Local de Medellín durante los años 2020 y 2021.
Los procesados son Diana Paola Toro Zuleta, Jorge Enrique Liévano Ospina, María Eugenia Domínguez Castañeda y Mauricio Jaramillo Botero, quienes, según la acusación presentada durante una audiencia, habrían participado en un esquema contractual que involucró al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), Metroparques y la empresa CIAN Eventos y Logística S.A.S.
De acuerdo con la investigación, el proceso comenzó con recursos administrados por el INDER que posteriormente fueron trasladados a Metroparques mediante un contrato interadministrativo. Esta última entidad adelantó el proceso de contratación que terminó con la selección de CIAN Eventos y Logística S.A.S., representada legalmente por Jaramillo Botero.
El ente acusador cuestionó las condiciones en las que se habría desarrollado la contratación y señaló que no se habría realizado de manera adecuada el estudio previo, además de existir presuntas deficiencias en la justificación de los precios y una invitación privada que habría limitado la participación de otros posibles oferentes.
El contrato contemplaba la realización de cientos de actividades deportivas y recreativas en diferentes sectores de Medellín, entre ellas festivales deportivos, torneos, eventos recreativos y grupos de actividades comunitarias.
Aunque inicialmente estaba previsto para ejecutarse en aproximadamente dos meses y medio, el contrato terminó extendiéndose hasta 26 meses y medio, además de recibir modificaciones y adiciones. Según la Fiscalía, su valor final alcanzó los $22.043 millones.
Uno de los principales puntos de la acusación está relacionado con la compra de uniformes, balones, implementos deportivos y medallas. La Fiscalía sostiene que estos elementos fueron facturados por aproximadamente $2.942 millones, mientras que los investigadores establecieron un presunto sobrecosto de $3.705 millones.
Además, el ente acusador señaló que CIAN habría subcontratado a organizaciones sociales para ejecutar parte de las actividades, lo que, según su hipótesis, generó una cadena de intermediación que pudo incrementar los costos y puso en duda la capacidad de la empresa para desarrollar directamente el objeto contractual.
La Fiscalía también cuestionó que algunos elementos entregados, entre ellos balones, no cumplirían con las especificaciones establecidas por el INDER y, pese a ello, habrían sido recibidos a satisfacción por Metroparques.
En cuanto a las responsabilidades individuales, la Fiscalía atribuyó a Diana Paola Toro Zuleta y Jorge Enrique Liévano Ospina una presunta apropiación de $1.999 millones, mientras que a María Eugenia Domínguez Castañeda le atribuyó una presunta apropiación de $3.705 millones.
Por su parte, Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de CIAN Eventos y Logística S.A.S., fue señalado de una presunta apropiación de $3.705 millones mediante los cobros efectuados a Metroparques por los bienes utilizados en la ejecución del contrato.
La Fiscalía calificó los hechos, entre otras conductas, como un presunto peculado por apropiación y sostuvo que los cuatro procesados habrían actuado mediante una distribución de funciones que permitió, según la hipótesis del ente acusador, beneficiar económicamente al contratista.
La acusación marca una nueva etapa del proceso judicial. Sin embargo, los señalamientos corresponden a la teoría del caso de la Fiscalía y la responsabilidad individual de los procesados deberá ser determinada durante las siguientes etapas del proceso, con base en las pruebas que sean debatidas ante la justicia.
