La controversia por la llegada de ayuda internacional tras el terremoto que golpeó a Colombia acaba de abrir un nuevo frente político. Mientras sectores cercanos al petrismo cuestionaban al gobierno de Abelardo De La Espriella por supuestamente no activar con rapidez equipos extranjeros de búsqueda y rescate, un documento oficial revela que la recomendación inicial de no solicitarlos salió de la propia UNGRD heredada de la administración de Gustavo Petro.
El documento está firmado por Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante el gobierno anterior, quien permaneció al frente de la entidad durante el proceso de transición.
En la comunicación remitida al nuevo Gobierno, Pava dejó consignada una posición concreta frente al despliegue de equipos internacionales especializados. Según el documento, la UNGRD consideraba que no era necesario activar en ese momento equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, conocidos como USAR.
La justificación era que Colombia contaba con capacidades nacionales suficientes para responder a la emergencia y que solo en caso de que estas fueran superadas debería solicitarse asistencia extranjera.
Además, la comunicación establecía que, de ser necesario recurrir a ayuda internacional, esta debía corresponder a equipos certificados bajo los estándares de INSARAG, el sistema internacional de coordinación y clasificación de equipos de búsqueda y rescate.
El documento cambia el contexto de la discusión política.
Durante los últimos días, sectores del petrismo habían cuestionado al nuevo Gobierno por la supuesta demora en recibir ayuda extranjera, presentando la situación como una decisión atribuible exclusivamente a la administración recién llegada al poder.
Sin embargo, la recomendación conocida ahora demuestra que la posición inicial no nació necesariamente en el nuevo Ejecutivo, sino que ya había sido planteada desde la estructura institucional que venía funcionando desde el gobierno anterior.
Y aquí aparece la pregunta que incomoda al petrismo: ¿por qué se responsabilizó públicamente al Gobierno de De La Espriella por una decisión que también estaba respaldada por una recomendación formal de la UNGRD que heredó de la administración Petro?
La discusión no es menor. En medio de una tragedia que dejó cientos de muertos, miles de heridos y desaparecidos, cualquier decisión relacionada con búsqueda y rescate tiene consecuencias humanas enormes. Por eso, convertir una determinación técnica en un arma política sin revisar primero los documentos oficiales puede terminar distorsionando lo ocurrido.
El documento de Pava no elimina la responsabilidad que eventualmente pueda tener el nuevo Gobierno en la gestión de la emergencia, pero sí pone en duda la versión de que la negativa inicial a activar equipos internacionales fue una decisión unilateral, improvisada o caprichosa de la administración entrante.
La polémica, por tanto, vuelve a la UNGRD.
Si existía una evaluación técnica que consideraba suficientes las capacidades nacionales, ¿por qué algunos sectores políticos presentaron posteriormente la situación como si la decisión hubiera sido tomada exclusivamente por el Gobierno de De La Espriella?
La tragedia no debería convertirse en un escenario para repartir culpas sin revisar los hechos. Pero si se pretende establecer responsabilidades políticas por la respuesta ante el terremoto, los documentos también deben entrar en el debate.
Y este documento deja una conclusión difícil de esquivar: la recomendación inicial de no activar equipos internacionales estaba dentro de la UNGRD que recibió el nuevo Gobierno de manos de la administración de Gustavo Petro.
