La Procuraduría General de la Nación activó acciones de vigilancia preventiva y seguimiento frente a la emergencia derivada del terremoto del 10 de agosto, e instó a las entidades competentes a garantizar una respuesta oportuna, la continuidad de los servicios esenciales y la protección de las personas damnificadas.
Dentro de las acciones adelantadas, la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social puso a disposición su capacidad institucional y conminó a las entidades del sector salud a fortalecer la coordinación para garantizar la atención hospitalaria, las urgencias, los medicamentos y eliminar barreras de acceso.
Asimismo, solicitó a la ADRES priorizar los recursos ECAT; requirió al FOMAG, la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación asegurar la continuidad de la atención en salud del magisterio; activó una alerta preventiva sobre el Sistema de Sanidad Militar y pidió garantizar la cobertura en riesgos laborales de los voluntarios convocados para atender la emergencia, conforme al Decreto 1809 de 2020. En ese mismo sentido, exhortó al DPS a garantizar la continuidad y el acceso efectivo de la población afectada al sistema de transferencias, activar las medidas de protección social necesarias y fortalecer la articulación con la UNGRD y los entes territoriales, con especial atención a los sujetos de especial protección constitucional.
La Procuraduría mantendrá el seguimiento preventivo a la emergencia, identificará riesgos o barreras de acceso y requerirá a las autoridades competentes las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la atención oportuna de la población afectada.
