El nuevo Gobierno Nacional puso en pausa los procesos de entrega y titulación de tierras y anunció una revisión de fondo sobre las actuaciones adelantadas durante los últimos cuatro años en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras.
La decisión fue anunciada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, quien confirmó la suspensión durante 90 días mientras se revisan los contratos, adquisiciones y procedimientos relacionados con la administración de tierras.
“Nosotros vamos a suspender por un término de 90 días todos estos temas en la Agencia Nacional de Tierras, en la Unidad de Restitución de Tierras también, porque hemos encontrado cosas muy graves”, señaló Dangond en entrevista con La FM.
El funcionario aseguró que durante la revisión preliminar se encontraron situaciones que, a su juicio, requieren una verificación exhaustiva. Entre ellas mencionó casos de fincas que habrían sido adquiridas sin que se hubiera completado el pago y que posteriormente habrían sido entregadas a pequeños productores e integrantes de comunidades indígenas sin que, según su versión, existieran títulos plenamente válidos.
Otro de los puntos que genera preocupación está relacionado con más de 100 predios sobre los cuales se pretenderían realizar nuevos desembolsos sin que, de acuerdo con el ministro, se hayan verificado completamente aspectos como los títulos de propiedad, los antecedentes de los propietarios y las condiciones técnicas de los terrenos.
Ante este panorama, Dangond anunció una auditoría forense sobre el 100 % de lo firmado y contratado durante los últimos cuatro años en la ANT y la Unidad de Restitución de Tierras.
“No vamos a dejar nada por fuera”, afirmó el ministro, quien advirtió que los hallazgos que puedan ser sustentados serán trasladados a los organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación.
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La revisión no se limitará a estas dos entidades. El Ministerio de Agricultura también anunció que examinará actuaciones de las entidades adscritas a esa cartera, con equipos jurídicos especializados en materia penal, disciplinaria, fiscal y laboral.
La decisión pone nuevamente bajo la lupa uno de los asuntos más sensibles de la política rural colombiana: la forma en que durante los últimos años se compraron, pagaron, titularon y entregaron predios con recursos públicos.
Los próximos 90 días serán determinantes. La pregunta será qué encontrará realmente la auditoría, cuánto dinero público podría estar comprometido y, sobre todo, si las irregularidades denunciadas por el nuevo ministro tienen consecuencias fiscales, disciplinarias o penales.
Por ahora, el Gobierno sostiene que la suspensión no significa desconocer los derechos de los beneficiarios, sino revisar primero que los procedimientos y recursos públicos hayan sido manejados conforme a la ley antes de continuar con nuevas entregas y titulaciones.
