La salida de Gustavo Petro de la Presidencia podría marcar un punto de inflexión en las investigaciones y sanciones que enfrenta en Estados Unidos, al desaparecer las consideraciones de inmunidad personal propias del cargo, según coincidieron expertos en derecho consultados.
Actualmente, el exmandatario afronta dos frentes ante las autoridades estadounidenses. El primero corresponde a una investigación preliminar relacionada con la presunta financiación irregular de su campaña presidencial, en la que se busca establecer si ingresaron recursos provenientes del narcotráfico. De acuerdo con la publicación, los expedientes son adelantados por las fiscalías de Nueva York y Florida con apoyo del FBI y la DEA.
El segundo frente es de carácter administrativo: su inclusión en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton. La medida fue adoptada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con base en la Orden Ejecutiva 14059, que permite sancionar a personas extranjeras vinculadas, presuntamente, con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Según el abogado penalista Michel Pineda, la salida de Petro del poder modifica el escenario procesal, ya que las autoridades estadounidenses tendrían mayor margen para adelantar diligencias como solicitudes de información, entrevistas, citaciones e incluso actuaciones penales, siempre que logren reunir las pruebas suficientes. No obstante, aclaró que ello no significa que exista una acusación formal ni una declaración de responsabilidad en su contra.
En la misma línea, el penalista Óscar Santamaría afirmó que, como expresidente, es probable que las investigaciones avancen con mayor rapidez y que cualquier decisión futura dependerá exclusivamente de las autoridades judiciales de Estados Unidos.
Respecto a la sanción de la OFAC, Pineda explicó que se trata de una decisión administrativa y no de un proceso penal. Por ello, su permanencia o retiro de la lista dependerá de que el Gobierno estadounidense considere que desaparecieron las razones que motivaron la medida. En ese escenario, correspondería a Petro solicitar una revisión y aportar las pruebas necesarias para respaldar su petición.
La inclusión en la Lista OFAC implica restricciones para realizar operaciones con personas y empresas estadounidenses, además de limitaciones en el acceso al sistema financiero y comercial, lo que puede afectar transacciones bancarias, contratos y otras actividades económicas internacionales.
Mientras tanto, las investigaciones y la sanción administrativa continúan vigentes, sin que hasta el momento exista una acusación penal formal ni una decisión judicial definitiva contra el exjefe de Estado.
