La decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria a la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta volvió a poner en el centro del debate las actuaciones de la Comisión de Investigación y Acusación durante 2025, especialmente la sesión en la que fueron archivadas 17 denuncias contra el entonces presidente Gustavo Petro.
Aunque los expedientes archivados no correspondían a los procesos de mayor trascendencia que enfrentaba el mandatario —los cuales continuaron su trámite y posteriormente fueron asignados a nuevos investigadores—, la forma en que se desarrolló aquella sesión del 17 de diciembre de 2025 ha despertado nuevamente cuestionamientos tras la decisión del alto tribunal.
Según han señalado antiguos integrantes de la Comisión, el orden del día aprobado inicialmente contemplaba el estudio de denuncias contra distintos aforados, entre ellos exmagistrados de las altas cortes y el expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, poco antes del inicio de la sesión la agenda habría sido modificada para dar prioridad casi exclusivamente a expedientes relacionados con Gustavo Petro.
Ese día, con el quórum necesario, la Comisión aprobó el archivo de los 17 procesos. Los únicos casos que no fueron sometidos a votación fueron los asignados al entonces representante Wadith Manzur, quien no asistió a la sesión y, por tanto, no pudo sustentar sus ponencias.
Los demás expedientes estaban bajo la responsabilidad de congresistas como Daniel Restrepo, Karyme Cotes, Carlos Cuenca, Jorge Eliécer Tamayo, Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo, Olga Lucía Velásquez, Juan Carlos Wills y Jorge Alejandro Ocampo, entre otros.
Si bien algunos exmiembros de la Comisión reconocen que la presidencia tenía la facultad de establecer el orden del día, sostienen que no era habitual concentrar una jornada casi exclusivamente en procesos contra un mismo aforado, lo que generó inquietudes entre varios congresistas.
Las dudas cobraron mayor fuerza con el auto de la Corte Suprema, en el que se cita el testimonio del abogado Alejandro Carranza, defensor de Gustavo Petro. De acuerdo con esa declaración, entre octubre y noviembre de 2025 sostuvo un almuerzo con Gloria Arizabaleta y el entonces secretario de la Comisión, Jairo Corzo.
Según la Corte, durante ese encuentro la entonces representante habría planteado la posibilidad de que Carranza actuara como enlace con el Gobierno nacional para facilitar acercamientos con integrantes de la Comisión de Acusaciones, con el propósito de lograr el cierre de los procesos que involucraban al mandatario antes del cambio de gobierno.
La investigación también analiza un aparente cambio en la postura política de Arizabaleta. Mientras en diciembre promovió el archivo de las denuncias contra Petro, entre febrero y junio de 2026 habría adoptado una posición más crítica frente al Ejecutivo, período que, según el expediente, coincide con presuntas disputas relacionadas con cargos burocráticos.
Asimismo, el proceso recoge inconformidades expresadas por algunos integrantes de la Comisión. La entonces representante Katherine Miranda anunció que no asistiría a la sesión al considerar irregular la modificación del orden del día, mientras que el hoy senador Hernán Cadavid cuestionó que se priorizaran casi una veintena de expedientes relacionados con un solo investigado.
La Corte Suprema aclaró que el llamado a indagatoria hace parte de una investigación en curso y no constituye una declaración de responsabilidad penal. El proceso continuará con la práctica de pruebas y las diligencias correspondientes para determinar si existieron actuaciones irregulares en el manejo de los expedientes contra el entonces presidente Gustavo Petro.
