La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer el alcance de los audios divulgados por la revista Semana, en los que se mencionan presuntas irregularidades relacionadas con la primera dama, Verónica Alcocer, y personas de su entorno cercano.
Las grabaciones contienen conversaciones atribuidas a la ciudadana colombo-española Eva Ferrer Galcerán, en las que se hacen referencias a supuestos manejos irregulares de recursos, posibles contrataciones en entidades del Estado y otros hechos que ahora serán objeto de verificación por parte del ente acusador.
Según la publicación, los audios involucran a un grupo de ciudadanos españoles que trabajaron con la Presidencia de la República y que, presuntamente, mantenían cercanía con la primera dama, participando en asuntos relacionados con contratación y manejo de recursos públicos.
Tras la difusión del material, la defensa de Eva Ferrer aseguró que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal dentro de la residencia de su cliente, por lo que consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales. Aunque inicialmente evitó confirmar la autenticidad del material, posteriormente la abogada María Soledad Morales reconoció que la voz corresponde a Ferrer y sostuvo que las conversaciones ocurrieron en un ámbito estrictamente privado.
La defensa también informó que Ferrer adelanta cuatro procesos judiciales derivados de hechos ocurridos tras su salida del Gobierno y aseguró que quedaron pendientes pagos correspondientes a los últimos cuatro meses de trabajo. Según la abogada, los compromisos económicos pactados en euros y pesos colombianos no fueron cumplidos, situación que habría dejado a su cliente sin respaldo económico en el país.
Por su parte, Verónica Alcocer rechazó los señalamientos mediante una carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y posteriormente publicada en sus redes sociales. En el documento afirmó que las versiones divulgadas “carecen de todo sustento” y negó haber incurrido en conductas o actuaciones irregulares.
Con la apertura de la indagación, la Fiscalía iniciará la recopilación y verificación de los elementos probatorios para determinar si existen méritos para avanzar hacia una investigación formal. Hasta el momento no se han formulado cargos ni se ha establecido responsabilidad penal contra las personas mencionadas en los audios.
