A solo días del cambio de gobierno, el equipo de empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella presentó ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría una serie de denuncias por presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción que comprometerían recursos públicos por más de $370.000 millones.
De acuerdo con el consolidado del Empalme Anticorrupción, uno de los hallazgos más relevantes corresponde a la compra de 16 sistemas antidrones por parte del Ministerio de Defensa y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec). El informe técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y la entrega de equipos que, según el documento, presentan fallas operativas, carecen de instalación completa y no cuentan con geolocalización funcional.
Otro de los casos puestos en conocimiento de los organismos de control involucra un contrato directo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por $24.800 millones, que, según el equipo de empalme, habría sido adjudicado pese a existir una orden judicial que suspendía el proceso de selección del cual se derivó la contratación.
Las denuncias también incluyen un contrato jurídico de Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, cercano a los $23.000 millones. El informe señala presuntas presiones políticas, recomendaciones de perfiles específicos para el contratista y la supuesta eliminación de mecanismos internos de control y seguimiento.
Las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, quien aseguró que los documentos contienen hallazgos técnicos y jurídicos que deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Ahora serán la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría las encargadas de establecer si las presuntas irregularidades corresponden a fallas administrativas o si existieron conductas que puedan derivar en responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales.
Con estas denuncias, el gobierno entrante anticipa que continuará revisando la contratación de la administración saliente y asegura que seguirá remitiendo nuevos hallazgos a los organismos de control en el marco del proceso de empalme.
