El Tribunal Superior de Popayán condenó a la exfiscal María del Socorro Fernández Chávez a siete años y tres meses de prisión tras encontrarla responsable de participar en una maniobra judicial que permitió bloquear temporalmente la extradición de un ciudadano colombiano solicitado por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico internacional.
La decisión judicial establece que la exfuncionaria incurrió en los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, luego de comprobarse que promovió actuaciones contrarias a la ley mientras se desempeñaba como fiscal en el municipio de El Tambo, Cauca.
De acuerdo con la investigación, después de que el Gobierno colombiano avalara una solicitud de extradición emitida por una corte estadounidense en mayo de 2016, Fernández Chávez abrió un proceso penal paralelo contra el requerido, imputándole el delito de rebelión.
Las autoridades determinaron que dicha acusación carecía de sustento real, ya que la supuesta vinculación del hombre con un grupo armado ilegal no estaba respaldada por evidencia. Pese a ello, el cargo fue aceptado durante una audiencia judicial.
La investigación también reveló presuntas irregularidades adicionales, entre ellas la omisión de información relacionada con una circular roja de Interpol y la incorporación de documentos que presentaban inconsistencias y posibles falsificaciones.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la desaparición de la grabación de la audiencia de imputación. Aunque posteriormente un juzgado ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la entonces fiscal se opuso a la medida.
Gracias a la existencia de ese proceso por rebelión, el ciudadano solicitado en extradición interpuso una acción de tutela en enero de 2017 argumentando vulneración al principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. La acción fue acogida y permitió suspender su envío a Estados Unidos.
Además de la pena de prisión, la exfiscal deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 104 meses.
La sentencia aún no está en firme y contra ella proceden los recursos establecidos por la ley.
