La Fiscalía General de la Nación entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas un predio ubicado en zona rural de Santa Marta, Magdalena, avaluado en más de 17.000 millones de pesos, como parte de las acciones de reparación integral a personas afectadas por el conflicto armado en Colombia.
Según informó el ente investigador, el inmueble estaría vinculado a los hermanos Carlos Alberto y Antonio Nel Zúñiga Caballero, condenados por nexos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el predio figuraba a nombre de una sociedad constituida inicialmente por los empresarios y presuntamente haría parte de un patrimonio relacionado con actividades ilícitas asociadas al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que estructuras paramilitares que operaban en el departamento del Chocó habrían intimidado y desplazado forzosamente a comunidades indígenas y afrodescendientes en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, así como en otras zonas del Bajo Atrato.
La investigación también señala que, tras estos hechos de despojo, empresarios vinculados al caso promovieron proyectos agroindustriales relacionados con cultivos de palma de aceite en los territorios afectados.
Por solicitud de la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó medidas cautelares sobre el bien, entre ellas embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, con el propósito de garantizar su destinación al proceso de reparación de víctimas.
Con esta decisión, el inmueble pasará oficialmente al Fondo para la Reparación a las Víctimas, mecanismo encargado de administrar bienes entregados por personas vinculadas al conflicto armado para indemnizar y reparar a las comunidades afectadas.
La Fiscalía indicó que la información fue divulgada por razones de interés general y en el marco de los procesos de justicia transicional que se adelantan en el país.
