La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ordenó la recuperación del inmueble conocido como ‘Titos Bolos’, ubicado en el norte de Barranquilla, tras detectar presuntas irregularidades en su ocupación y una millonaria deuda acumulada por concepto de arrendamiento.
Según la entidad, el predio habría sido utilizado sin contrato vigente desde noviembre de 2025, a pesar de que allí venían desarrollándose actividades de carácter religioso y administrativo.
El inmueble es ocupado actualmente por la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia – Iglesia Vida Abundante, cuyo vínculo contractual, de acuerdo con la información oficial, expiró el 10 de noviembre de 2025.
Deuda millonaria y uso no autorizado
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) señaló que la deuda acumulada por el uso del predio supera los 2.200 millones de pesos, recursos que corresponden a cánones de arrendamiento no cancelados entre 2020 y abril de 2026.
De acuerdo con la entidad, el uso del inmueble también habría cambiado sin autorización, pasando de dos a cuatro espacios operativos, sin contratos ni permisos vigentes, lo que agrava la situación administrativa del bien.
El predio, de más de 4.500 metros cuadrados, es considerado estratégico dentro del mercado inmobiliario de la ciudad y en el pasado albergó reconocidos establecimientos comerciales antes de ser sometido a procesos de extinción de dominio y pasar a manos del Estado.
Recuperación de bienes del Estado
La SAE indicó que esta medida hace parte de su plan de recuperación de activos ocupados de manera irregular, con el objetivo de reincorporarlos a la economía formal y evitar su deterioro o pérdida de valor.
Los recursos asociados a este caso serían destinados al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), que administra bienes incautados al delito.
Debate por el procedimiento
Frente a la decisión, el representante legal de la iglesia, Fernando Bernier, aseguró que no han sido notificados formalmente sobre la orden de desalojo y cuestionó la manera en que se habría informado la medida, señalando posibles irregularidades en el procedimiento.
Mientras tanto, la entidad estatal sostiene que continuará con las acciones legales para garantizar la recuperación del inmueble, en medio de un proceso que podría escalar a instancias judiciales.
