La Procuraduría General de la Nación advirtió la persistencia de fallas estructurales en la respuesta institucional frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia, señalando que la baja detección temprana, la normalización social del delito y la desarticulación de las entidades responsables obstaculizan la prevención y atención efectiva de las víctimas.
El llamado se realizó en el marco del Encuentro contra la Explotación Sexual liderado por la INL de la Embajada de EE. UU., la Alcaldía de Cartagena, la Policía Nacional y la Fundación Renacer.
Durante el evento, la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, enfatizó que este delito constituye una grave vulneración de derechos humanos vinculada a la violencia de género y prácticas discriminatorias que afectan profundamente la dignidad.
Alertó que, según el Observatorio de la organización “Valientes Colombia”, entre 2023 y 2025 se denunciaron más de 6.000 casos, con un pico de 2.251 registros solo en 2024; tendencia que coincide con los hallazgos del DANE que, a través de su reciente operación estadística experimental, reveló que la Fiscalía recibió 22.697 denuncias por este delito entre 2015 y 2025.
En este contexto y en ejercicio de su función preventiva, el Ministerio Público realizó un diagnóstico nacional en los 32 departamentos durante 2025, detectando territorios críticos, falta de coordinación institucional y graves brechas de atención, por lo que emitió directivas y recomendaciones técnicas para que las procuradurías judiciales de familia refuercen de inmediato la protección y el seguimiento efectivo a las víctimas del sistema.
Finalmente, la funcionaria instó a las familias a mantenerse vigilantes como primer entorno protector; a las instituciones del Estado a actuar de forma oportuna con enfoque de género; a los servidores públicos a garantizar atención sin revictimización y a la sociedad en general a rechazar con determinación cualquier forma de violencia contra la niñez.
