La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Múnera, su pronunciamiento frente al estado de cumplimiento de las órdenes previstas para atender las causales de la intervención forzosa administrativa, que fue prorrogada por el término de un año en abril del 2025.
De la misma manera, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social pidió a la funcionaria remitir a este despacho el concepto rendido por la Superintendencia para Entidades de Aseguramiento en Salud teniendo en cuenta el vencimiento del acto administrativo que prorrogo la medida de intervención, precisando si a la fecha la EPS mantiene las causales de intervención y como queda entonces su administración.
A su vez, el Ministerio Público busca conocer los informes mensuales realizados por la contralora designada para la administración de la Entidad Promotora, con precisiones de periodos, fechas de entrega, avances, evoluciones, evaluaciones de la situación técnico-científica, financiera, jurídica y administrativa, entre otra información.
Igualmente, la entidad instó a que se entregue la gestión llevada a cabo por los incumplimientos asociados a las cuentas médicas, modernización tecnológica de la EPS, la contratación, los estados financieros, control y gestión de los recursos, entre otros aspectos también importantes para su funcionamiento.
La Procuraduría Delegada reiteró que el informe requerido debe ser entregado en los próximos 3 días hábiles de recibido.
